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“Habría hecho eso”: Exministro Gómez asegura que habría renunciado a Justicia en la posición de Rabat

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El exministro de Justicia José Antonio Gómez abordó el panorama que enfrenta el actual titular de la cartera, Fernando Rabat, frente a la acusación constitucional que presentará la oposición en su contra por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Al ser consultado en CNN Prime sobre si él, en la posición de Rabat, renunciaría al puesto, Gómez confirmó que tomaría tal determinación.

“En mi caso y decisión, en una circunstancia como esta probablemente habría hecho eso (renunciar), porque en el fondo está la presión… Son tantos los antecedentes que salen, y finalmente lo que pasa es que, no es mi gobierno, pero si fuera mi gobierno, claro, es una salida que puede ser importante“.

La exautoridad enfatizó que el secretario de Estado está “con un problema grave”. “Porque en definitiva ha salido demasiada información frente a las decisiones tomadas, hay muchas contradicciones (…) hay documentos que muestran que anteriormente sí firmó rechazando, entonces creo que está en una situación compleja”.

En esa línea, recordó el panorama similar que vivió durante su gestión en Justicia, cuya razón fue la contraria a la de Rabat, ya que rechazó cerca de 500 solicitudes de rebaja a condenados, lo que generó una disputa con la Corte Suprema.

“Hubo una disputa muy fuerte con la Corte Suprema, porque desde la perspectiva del ministerio en esa época y hoy día, por lo menos así se había mantenido, la Corte tiene una interpretación equivocada; la ley es clarísima de cuál es la tarea y la razón“, remarcó.

Precisó que el objetivo de la ley es que “haya un incentivo real para aquel que está condenado a mostrar su capacidad de rehabilitación, pero eso no tiene que ver solo con la buena conducta, tiene que ver con estudiar, (…) trabajar, (…) tener tratamiento clínico cuando son adictos a las drogas o al alcohol. Esas cuatro definiciones de la ley son obligatorias”.

“Entonces, cuando uno revisa los expedientes que a mí me pasó, y se da cuenta de que no se cumplen esas condiciones, se rechaza. Y la Corte ha tenido invariablemente, excepto últimamente, la decisión de decir: ‘Esto le corresponde definir a la comisión, el ministro solo es un buzón, tiene que firmar’. Cosa que es un error“, sostuvo.

Además, respecto de la decisión del presidente José Antonio Kast de mantener a Rabat en el Gobierno y encomendarle una solución a la polémica, señaló que es “complejo y raro”.

“Es complejo, es raro, porque si el presidente dice cometimos un error, no un error cualquiera, es un error grave, es algo que no se entiende de cómo lo voy a resolver sin mostrar la decisión real de que eso no va a volver a pasar (…) desde la perspectiva de la solución se requiere mucho acuerdo, consenso, y en este revuelo es difícil poder conducirlo cuando es el que va a ser afectado con este ataque, no digo ataque en el mal sentido, sino que con la decisión política de hacerlo responsable”, recalcó.

“Ha fallado fundamentalmente la estructura de la aplicación de esta ley”

Gómez presentó sus reparos frente a la aplicación de la ley para otorgar los beneficios penitenciarios.

“El que ha fallado fundamentalmente es la estructura de la aplicación de esta ley, es decir, el sistema interno finalmente terminó siendo un checklist, o sea, esta idea de que tiene que educarse, trabajar, ser atendido psicológicamente o psiquiátricamente, tener buena conducta, no está, ni ha sido dirigida, ni analizada, ni seguido el camino correcto para eso“, criticó.

Sostuvo que la comisión “no tiene ninguna responsabilidad, al parecer, cuando esa comisión es la que define que esa persona tiene derecho a estar, y esa comisión tiene que haber visto, o por lo menos su obligación, que Gendarmería le informó de que no tenía las condiciones para ser liberado”.

En ese sentido, planteó que es necesario cambiar dicho sistema. “Hay que modificar el reglamento penitenciario y la ley, como se está tratando de hacer”, aseveró.

Asimismo, confirmó que “es muy difícil” que se lleguen a revertir los decretos que concedieron las rebajas de penas, lo que provocó que algunos beneficiados ya estén en libertad.

“Es muy difícil. Uno tiene que hablar con la verdad. Lo que hemos visto en realidad es que es muy difícil de revertir. Sin perjuicio de que se está pensando en alguna fórmula jurídica, pero va a ser muy difícil”, añadió.

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