Con 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado el Acuerdo de Escazú.
“Hemos dado un gran paso para la protección del medio ambiente”, sostuvo el diputado Diego Ibáñez (CS). En la misma línea, instó al Senado a “tramitarlo de forma rápida para contar con una protección a quienes defienden el agua, el medio ambiente y luchan contra las zonas de sacrificio”.
Desde el Gobierno destacaron que es el único tratado que protege a los defensores del medio ambiente.
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🌿 ¡#AcuerdoDeEscazú avanza en el Congreso!
Pasa al Senado el proyecto que aprueba el Acuerdo Regional de acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en A. Latina y el Caribe👏🏼 Es el único en el mundo que protege a defensores del medio ambiente🌳— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) May 11, 2022
En tanto, el coordinador nacional de la campaña Escazú Ahora Chile, Sebastián Benfeld, declaró: “Aplaudimos la votación del Acuerdo de Escazú en la sala de la Cámara. Con más de 100 votos a favor, por fin se logró aprobar el primer acuerdo ambiental de toda América Latina y el Caribe, el único de todo el mundo que protege a las y los defensores ambientales”.
“Hoy estamos muy contentos: Chile está dando un gran paso en materia de democracia, transparencia y justicia ambiental”, detalló Benfeld.
Asimismo, Amnistía Internacional Chile calificó la afirmativa a la iniciativa como “un hito que podría marcar un antes y un después en la historia de Chile”.
🎉 Hoy celebramos un hito que podría marcar un antes y un después en la historia de Chile.
El Acuerdo de Escazú se aprobó en la @Camara_cl y ahora pasa al @Senado_Chile
👇🏽 Sigue leyendo…#AcuerdoDeEscazú pic.twitter.com/oIF03Yow2x
— Amnistía Internacional Chile (@amnistiachile) May 11, 2022
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¿Qué dice el Acuerdo de Escazú?
El acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa.
De igual modo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales y presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales, cautelando las garantías del debido proceso para acceder a instancias judiciales y administrativas.
Asimismo, dispone que cada parte firmante garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
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