A finales de agosto, una noticia alertó a miles de mujeres en el país: El Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre lotes defectuosos en el anticonceptivo Anullete CD. Hasta el momento, los lotes B20034A y B20035 fueron los anticonceptivos con errores.
Ante esto, las autoridades retiraron estos lotes del mercado y anunciaron un sumario sanitario, pero ¿qué pasa con las mujeres que confiaron en la píldora?
Gloria Maira, coordinadora de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, afirmó que las mujeres que enfrenten un embarazo tras la falla de Anulette CD “debiesen tener acceso a aborto seguro”.
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La activista feminista explicó que este hecho “estaría entrando en las mismas condiciones de un aborto en el caso de una gestación por violencia sexual, en donde la mujer no tuvo ninguna posibilidad de evitar un embarazo y es producto de una agresión, un acto contra tu voluntad que da por resultado una gestación que tú no estabas buscando”.
Asimismo, Gloria ratificó que es de suma urgencia “llamar a las usuarias e informarles sobre el problema y si se les ha dado la posibilidad de acceder a otro tipo de anticonceptivo”.
“No basta con hacer un anuncio por redes sociales o televisión, ya que la pandemia demostró que hay muchos hogares donde el acceso a tecnología y la posibilidad de estar conectados todo el tiempo no es real”, manifestó.
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Medida de reparación
La coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile sostuvo lo siguiente: “Toda usuaria de Anulette CD tiene que ser informada y se le debe ofrecer un anticonceptivo alternativo. Aquellas que estén embarazadas, debiesen acceder a aborto seguro y legal como medida de reparación”.
Respecto al catastro de afectadas, acusó no conocer cuántas mujeres fueron medicadas con los lotes defectuosos del anticonceptivo, pero desde su organización están solicitando información sobre las usuarias en la atención primaria. “Este es el anticonceptivo mas distribuidos en los Cesfam”, especificó Gloria.
Además, emplazó al Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Equidad de Género: “Deberían tomar cartas en el asunto para informar a las mujeres y darles alternativas reales de solución”.
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La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, afirmó que en Chile “existe el aborto, pero es clandestino e inseguro, a no ser que puedas pagar la interrupción”.
En cuanto a la propuesta de la Mesa de Acción por el Aborto, Román dijo que “no es fácil”. Desde el Colegio de Matronas creen que el gobierno debe ver la trazabilidad de los lotes defectuosos entregados.
“El Estado debiese dar garantías”
Estefanía Andahur, psicóloga especialista en derechos sexuales y reproductivos, declaró que “la propuesta de la Mesa es una de varias alternativas que el Estado debiese ofrecer ante una situación de este tipo”.
La especialista explicó que “Chile no es el primer país que enfrenta una situación similar, no sólo por la crisis sanitaria, sino a través de la historia del uso de pastillas anticonceptivas”.
“En Inglaterra hubo una demanda colectiva al Estado cuando se supo que un lote de pastillas venía dañado, teniendo como resultado muchos embarazos no planificados y/o deseados. En Estados Unidos pasó lo mismo y las demandas fueron colectivas y con altas sumas de dinero”, especificó la psicóloga.
Ahora, respecto al ámbito legal, Consuelo Gutierrez, abogada feminista, ratificó que “desde el punto de vista de los Derechos Humanos con perspectiva de género, el Estado debiese dar garantías a las mujeres con el acceso a un aborto gratuito y seguro para las afectadas por estos lotes defectuosos de Anuelette”.
Sin embargo, la abogada explicó la existencia de una “pugna entre los tratados internacionales ratificados por Chile y las leyes que protegen al feto”, por ejemplo, la actual Constitución, la posibilidad de interrumpir el embarazo sólo en tres causales y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
“Hay una falta de servicio de parte del Estado y las víctimas pueden plantear la posibilidad de una demanda colectiva que contemple indemnizaciones por parte del Estado a las mujeres usuarias del servicio público”, finalizó la abogada.
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En esta línea, Valentina Cataldo, abogada feminista del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, sostuvo que “en caso de que la autoridad sanitaria no acceda a los requerimientos de las organizaciones de mujeres, la única vía legal para obtener una compensación sería a través de una demanda indemnizatoria ante los tribunales civiles”.
Esto significa compensar económicamente el daño, pero al igual que Gutierrez, confirma que “esto en definitiva consiste en una forma de violencia contra las mujeres que no es aceptable en un país donde se han suscrito tratados internacionales para prevenirla, sancionarla y erradicarla”.
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