La última valla de la Megarreforma deja al Gobierno con los votos al límite: La fórmula municipal que divide a los alcaldes y se define hoy en el Senado

La Megarreforma vuelve este martes a la Sala del Senado con casi todo su contenido aprobado, pero sin la certeza de superar su último trámite. A partir de las 16:00 horas, los senadores deberán resolver el informe de la Comisión Mixta sobre la compensación que recibirán los municipios por la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

La votación quedó pendiente desde el 22 de julio, cuando el Gobierno pidió aplazarla ante el riesgo de no reunir los 26 respaldos necesarios. Dos semanas después, el Ejecutivo llega nuevamente al hemiciclo con señales más favorables desde algunos senadores, aunque todavía presionado por las condiciones planteadas desde Coquimbo y por una disputa que dividió al mundo municipal.

La Sala no podrá corregir ni reemplazar la fórmula acordada por la Comisión Mixta. Solo podrá aprobarla o rechazarla. Si alcanza los 26 votos, la Megarreforma completará su tramitación regular en el Congreso, aunque todavía quedarán pendientes los vetos anunciados por el Gobierno y los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional.

Según informó el Senado, una vez resuelta la compensación municipal, el proyecto quedará en condiciones de avanzar hacia su promulgación como ley.

Una sola norma mantiene abierto el proyecto

La discusión que resta contrasta con la amplitud de la iniciativa. El Congreso ya aprobó el corazón económico de la Megarreforma, entre cuyas medidas se encuentran la rebaja gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%, la reintegración tributaria, la invariabilidad para grandes inversiones y la exención de contribuciones para adultos mayores.

También quedaron visadas normas vinculadas a la reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío, modificaciones a la franquicia tributaria del Sence y un crédito tributario destinado a incentivar el empleo.

La única divergencia entre ambas cámaras apareció en la fórmula para compensar los recursos que las municipalidades dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones. La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó inicialmente la redacción del Senado al no alcanzar el quórum requerido, por lo que el punto debió pasar a una Comisión Mixta.

La instancia acordó que la Tesorería General de la República transfiera a cada municipio el equivalente a la menor recaudación. Para acceder a esos recursos, las comunas deberán mantener actualizada ante la Dirección de Presupuestos la información sobre su personal y reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

Dos modelos enfrentan a los alcaldes

La fórmula garantiza, según el Gobierno y los alcaldes que la respaldan, que las 345 municipalidades mantengan los ingresos propios y aquellos que reciben mediante el Fondo Común Municipal. El Ejecutivo sostiene que la compensación cubrirá el 100% de la merma asociada a la exención.

Más de 160 autoridades comunales llamaron al Senado a aprobar el informe. Los firmantes afirmaron que el mecanismo permite que “ningún municipio se vea afectado en sus ingresos” y que mantiene intactos tanto los aportes directos como los distribuidos por el Fondo Común Municipal.

Otro grupo, compuesto por 104 alcaldes de oposición e independientes, propone un modelo diferente. Su petición es que los US$200 millones comprometidos para la compensación ingresen íntegramente al Fondo Común Municipal y sean distribuidos de acuerdo con las necesidades y condiciones financieras de cada comuna.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, ha sido una de las principales voces de esa postura. La jefa comunal sostiene que la fórmula aprobada entrega mayores recursos a comunas con alta recaudación propia y profundiza las diferencias territoriales.

“No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos”, señalaron los 104 alcaldes. Según su cálculo, el mecanismo podría destinar cerca de $30 mil millones a Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, mientras algunas comunas con menos recursos recibirían montos considerablemente menores.

La oposición pide focalización

La tensión municipal llegó este lunes a La Moneda. Los presidentes de los partidos opositores se reunieron con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, pero salieron del encuentro sin un nuevo entendimiento sobre la fórmula.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recordó que las conversaciones desarrolladas durante la tramitación incluían dos componentes: compensar la pérdida municipal y focalizar el beneficio.

“Aquí el Gobierno solo ofrece la compensación”, cuestionó Vodanovic, según consignó BioBioChile. La senadora sostuvo que la distribución debería priorizar a las comunas con menor capacidad financiera y afirmó que la oposición esperaba una mayor receptividad por parte del Ejecutivo.

Desde el Frente Amplio, su presidenta, Constanza Martínez, también acusó que la disposición al diálogo del Gobierno no se tradujo en modificaciones concretas. La oposición no descarta incluso presentar un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional por esta norma.

Los 26 votos y la condición de Walker

La disputa entre alcaldes no es el único factor que mantiene abierta la votación. El Ejecutivo necesita reunir 26 respaldos porque la compensación modifica normas de carácter orgánico constitucional. No basta, por lo tanto, con obtener una mayoría entre los senadores presentes.

Ese quórum frustró el primer intento de despacho. A la ausencia del senador UDI Enrique van Rysselberghe se sumó el rechazo inicial de su compañero de partido Gustavo Sanhueza, quien pidió mayores controles sobre la administración financiera de las municipalidades.

Sanhueza moderó posteriormente su posición y afirmó que no será un obstáculo para el avance de la norma. Sin embargo, el Gobierno todavía debe resolver la condición planteada por el senador Matías Walker, uno de los votos que pueden definir el resultado.

Walker exige que el Ejecutivo comprometa por escrito recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, afectada por el reciente sistema frontal. El parlamentario también ha pedido incluir a la provincia del Huasco y ha planteado alternativas como el Fondo Nacional de Reconstrucción o glosas específicas en la Ley de Presupuestos de 2027.

“Si se garantizan los recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo, yo voto a favor del trámite final”, afirmó el senador en Desde la Redacción de La Tercera.

El parlamentario explicó que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lo contactó después de la entrevista y le comunicó que el Gobierno trabajaba en una propuesta para incorporar a las zonas afectadas del Norte Chico.

Walker defendió su condición bajo el argumento de que la iniciativa lleva el nombre de Ley de Reconstrucción Nacional. “Si es ilegítimo que yo proponga que se garanticen los recursos para mi región, cambiémosle el nombre a la ley por Reforma Tributaria para la Reactivación Económica”, señaló.

El rol de Paulina Núñez

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha encabezado durante la tramitación la mesa política y técnica destinada a acercar las posiciones del Gobierno, los parlamentarios y los municipios.

Núñez había comprometido el respaldo de la Cámara Alta a cualquier acuerdo alcanzado entre los alcaldes y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la división posterior entre los jefes comunales dejó al Senado ante una alternativa binaria: aprobar la fórmula de la Comisión Mixta o dejarla fuera del proyecto.

La senadora resumió ese escenario al advertir que, una vez aprobada la exención de contribuciones, el dilema es “aprobar para que les llegue compensación” o rechazar y que los municipios no reciban recursos mediante esta norma.

El proyecto no se cerrará con la votación

Incluso si el informe obtiene los 26 votos, la tramitación política de la Megarreforma no terminará este martes. El Gobierno prepara observaciones presidenciales contra disposiciones que fueron incorporadas por el Congreso y que Hacienda considera perjudiciales.

Entre las normas que La Moneda busca eliminar figuran la prohibición del cobro de intereses sobre intereses —conocida como anatocismo— y el denominado derecho al olvido financiero. Los vetos deberán volver a ambas cámaras para ser discutidos.

La oposición, a su vez, presentó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional contra ocho disposiciones vinculadas con la invariabilidad tributaria, la institucionalidad ambiental, las concesiones de acuicultura y el derecho de inversionistas a recibir indemnizaciones cuando una Resolución de Calificación Ambiental sea revocada.