Los tres frentes que mantienen abierta la megarreforma: Votos en el Senado, vetos y Tribunal Constitucional

La megarreforma del Gobierno entró en una pausa legislativa, pero su contenido definitivo aún está lejos de quedar cerrado.

El Ejecutivo esperaba terminar esta semana la tramitación regular del proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social. Sin embargo, el Senado aplazó hasta el martes 4 de agosto la votación del informe de la comisión mixta, ante el riesgo de que el oficialismo no reuniera los 26 respaldos necesarios.

La postergación dejó al descubierto la fragilidad de la mayoría con la que La Moneda aprobó los principales artículos de la iniciativa. También trasladó para agosto una definición que no terminará con la votación del Senado: después vendrán los posibles vetos presidenciales y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Primer frente: recuperar los 26 votos en el Senado

La comisión mixta ya acordó una fórmula para compensar a las municipalidades por los ingresos que dejarán de recibir debido a la exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

La propuesta establece que la Tesorería General de la República transfiera a cada municipio el equivalente a la menor recaudación. Para acceder a los recursos, las comunas deberán mantener actualizada ante la Dirección de Presupuestos la información sobre su personal y reducir en un 30% los tiempos de tramitación de permisos, respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

La Cámara de Diputadas y Diputados ratificó el informe por 80 votos a favor, 48 en contra y tres abstenciones. El Senado debía completar el trámite esa misma noche, pero el Gobierno perdió el margen con el que esperaba aprobarlo.

Uno de los desmarques provino del propio oficialismo. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) anticipó que no apoyaría el informe sin mayores controles sobre la administración financiera de las municipalidades.

El parlamentario planteó que el mecanismo debía abordar los casos de municipios endeudados o con dificultades administrativas y pidió una solución conjunta entre Hacienda y las asociaciones municipales.

A ello se sumó la ausencia del senador Enrique van Rysselberghe (UDI) por razones personales y las dudas manifestadas por Rojo Edwards y Matías Walker. La senadora Vanessa Kaiser, cuya posición también había generado incertidumbre, tenía previsto respaldar el informe.

Walker vinculó su voto con otra negociación: la incorporación de recursos para la reconstrucción de la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, afectadas por el sistema frontal.

“No puede haber Ley de Reconstrucción sin los recursos para reconstruir la Región de Coquimbo y la Provincia del Huasco”, sostuvo el senador tras el aplazamiento.

El Gobierno tendrá hasta el 4 de agosto para asegurar la presencia de sus parlamentarios, convencer a Sanhueza y resolver los reparos de quienes todavía no garantizan su apoyo.

El Senado solo podrá aprobar o rechazar el informe de la comisión mixta. No podrá introducir una nueva redacción. Si el texto obtiene los 26 votos, la megarreforma completará su tramitación regular en el Congreso.

Segundo frente: los vetos que prepara La Moneda

El despacho legislativo tampoco significará que todas las normas aprobadas entren en vigencia tal como quedaron redactadas.

El Gobierno evalúa presentar vetos presidenciales contra disposiciones incorporadas durante la discusión parlamentaria y que no cuentan con el respaldo del Ejecutivo.

Entre los artículos que La Moneda buscaría eliminar figuran el denominado derecho al olvido financiero y la prohibición del cobro de intereses sobre intereses, práctica conocida como anatocismo.

También permanece en evaluación el futuro de las normas sobre garantías para el pago a 30 días a las pequeñas y medianas empresas y la prohibición de suspender servicios básicos por falta de pago en zonas afectadas por catástrofes.

Los vetos deberán volver al Congreso. La Cámara y el Senado tendrán que aceptar o rechazar las observaciones del Presidente, por lo que la discusión legislativa continuará incluso después de que se resuelva el informe de la comisión mixta.

Tercer frente: la batalla ante el Tribunal Constitucional

La oposición trasladó parte de la controversia al Tribunal Constitucional, mediante tres requerimientos que cuestionan normas centrales del proyecto.

Dos presentaciones fueron impulsadas por senadores y una por diputados. Entre las disposiciones objetadas aparece la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, que puede extenderse por 10, 15 o 20 años según el monto comprometido.

Los requirentes sostienen que esa garantía limitaría la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar el sistema tributario. La oposición también cuestiona normas ambientales y el mecanismo que permite restituir gastos a empresas cuando un tribunal anula una Resolución de Calificación Ambiental.

El Tribunal Constitucional deberá revisar la admisibilidad de las presentaciones y, si las acoge a tramitación, pronunciarse sobre el fondo de los cuestionamientos.

Además, parte del proyecto deberá pasar por el control preventivo obligatorio del organismo debido al carácter orgánico constitucional de algunas de sus normas.

¿Qué partes de la megarreforma ya están aprobadas?

El último conflicto legislativo se concentra en la compensación municipal, pero las principales medidas económicas y tributarias ya fueron respaldadas por ambas cámaras.

El proyecto contempla una rebaja gradual del Impuesto de Primera Categoría desde el 27% hasta el 23%, la reintegración del sistema tributario y un régimen de invariabilidad para grandes inversiones.

También incorpora incentivos tributarios, modificaciones ambientales y la ampliación de la exención de contribuciones para personas mayores de 65 años sobre su vivienda principal.