La semana comenzó con reacciones y protestas a raíz de la decisión de la Corte Suprema de beneficiar con libertad condicional a criminales de lesa humanidad, entre ellos algunos reos de Punta Peuco.
Así es como un grupo de parlamentarios busca reactivar un proyecto que sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para los penados.
Con ello buscan poner más condiciones al otorgamiento del beneficio -entre otros casos- a los presos por delitos de lesa humanidad.
La iniciativa fue presentada el año 2016, y actualmente se encuentra en tercer trámite constitucional.
Deberá discutirse la indicación presentada por el diputado PS, Leonardo Soto, que alude específicamente a los delitos ocurridos en dictadura.
La indicación
Busca incorporar lo siguiente en la iniciativa:
“A los condenados por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro, substracción de menores, detención ilegal, tormentos o rigor innecesario y asociación ilícita, no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional, si concurren las siguientes circunstancias:
a) Que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990;
b) Que los condenados hubiesen actuado como agentes del Estado en calidad de empleado público o por particulares a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia de éstos.
En estos casos, no se aplicara la regla establecida en los incisos segundo y tercero del artículo 18 del Código Penal.
A los delitos comprendidos en la ley 20.357 no se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional”.
¿Qué pasó?
No están nombrados los miembros de la comisión mixta que discutirá las modificaciones al proyecto.
El pasado viernes, los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado acordaron definir hoy los integrantes la comisión mixta.
Así, mediante un oficio, se solicitó formalmente la conformación de la instancia considerando que algunos de los parlamentarios designados para aquello ya terminaron su período en el parlamento.
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