Este jueves 6 de febrero se cumple una semana desde que se publicó en el Diario Oficial la nueva ley Antisaqueos, y por ende, la normativa entró en vigencia.
La iniciativa, que generó gran controversia durante su tramitación, tipifica el delito de saqueo, que antes era considerado como hurto en lugar no habitado, con penas que podrían llegar a los 5 años cuando se realicen con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público.
También también aumenta las penas quienes corten el tránsito “mediante violencia o intimidación en las personas”, con medios como barricadas u otros, para quienes lancen objetos a vehículos en la vía pública y para el llamado “el que baila, pasa”.
Con una semana con la nueva ley vigente, el Ministerio del Interior realizó un balance de las querellas presentadas en la Región Metropolitana a raíz de los hechos ocurridos durante los últimos días en cuatro supermercados de la capital durante la semana pasada en las comunas de La Granja, San Ramón, Peñalolén y Quilicura.
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Según publica El Mercurio, la cartera presentó cinco querellas en contra de 42 personas que ya fueron formalizadas, y de ellas, todas quedaron con medidas cautelares: 10 en prisión preventiva; 6 con arresto domiciliario; 16 con arraigo nacional; 9 con prohibición de acercamiento al lugar saqueado, y un menor de edad bajo vigilancia del Sename y con prohibición de acercamiento al lugar saqueado.
El subsecretario del Interior, José Francisco Galli, manifestó que “esta ley constituye una nueva herramienta para hacer frente a conductas que antes por un problema de definición legal, o de obsolescencia de este tipo penal, hacía que muchas veces fuera inefectiva”.
Con respecto a su evaluación, la autoridad indicó que “lo que hoy vemos como ministerio es que hay resultados concretos y útiles, y tenemos una herramienta más para perseguir a quienes son responsables de estos delitos, quienes deberían terminar con una condena si así lo determinan los tribunales”.
“Acá no hay balas de plata. Esto se suma a un conjunto de medidas que estamos impulsando, es una herramienta más, parte de una estrategia más global, pero también hay que poner al día nuestra legislación y que tengamos nuevas figuras penales para hacer frente a este fenómeno“, agregó.
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