(Agencia UNO) – El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acreditó este viernes a siete personas como víctimas de violaciones de los derechos humanos por hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre de 2019, durante el denominado Estallido Social.
La ceremonia de entrega de estos primeros certificados estuvo encabezada por el director del INDH, Sergio Micco, junto a los consejeros Yerko Ljubetic y Cristián Pertuzé.
El certificado hace posible postular a una compensación económica contemplada en la Glosa 12 de la ley de Presupuesto 2021 y que es otorgada por decisión de la Presidencia de la República.
Este mecanismo fue introducido en la partida 50, capítulo 1, programa 2, de recursos para Jubilaciones, Pensiones y Montepíos con cargo al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
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La Glosa 12 establece que se podrán considerar víctimas a quienes debido a sus lesiones sufran menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
En la ceremonia, Micco recordó que el INDH no fue informado ni consultado cuando los poderes colegisladores decidieron instaurar mediante la ley de Presupuesto un beneficio establecido como pensión en la Glosa 12.
“Si nos hubiesen informado y consultado hubiéramos dicho que no”, afirmó el director del organismo, agregando que las víctimas de violaciones de los DD.HH. “merecen una reparación integral, como acreedores de un derecho que el Estado de Chile no reconoce hasta el día de hoy”.
En la misma línea, explicó que se decidió actuar dentro de este mecanismo de la Glosa 12 porque el Congreso entregó al INDH el deber legal de acreditar a las víctimas si éstas lo piden.
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Por otra parte, Micco planteó que “con esta acreditación, este debate de si hay víctimas de violaciones a los derechos humanos, que algunos órganos del Estado aún plantean, se acabó”.
Estas 7 personas son las primeras víctimas que acredita el INDH para tener la posibilidad de una compensación económica o pensión de gracia.
Sin embargo, el instituto sostuvo que la indemnización dista mucho de una política pública de reparación integral.
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