La directora del Diplomado de Educación Ciudadana y Convivencia Escolar de la USS, Anyvic Aguilera Cruz, junto al doctor en Educación de la Universidad de Harvard y académico de la UC, Ernesto Treviño, profundizaron en CNN Chile sobre la violencia escolar al interior de los establecimientos educacionales tras el ataque ocurrido en un colegio de Calama que terminó con la vida de una inspectora.
El viernes 27 de marzo, cerca de las 10:00 de la mañana, un estudiante de cuarto medio del Instituto Obispo Silva Lezaeta, ubicado en Calama, agredió con un arma cortopunzante a una inspectora, provocándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.
El estudiante portaba diversas armas blancas y habría atacado primero a una docente y posteriormente a una paradocente que intentó intervenir en auxilio de la primera. Tras este primer hecho, el imputado se desplazó hasta el patio del recinto educacional, donde habría lesionado a otros tres alumnos.
Actualmente, una funcionaria del establecimiento y un estudiante se encuentran en estado grave.
La abogada y directora del Diplomado de Educación Ciudadana y Convivencia Escolar de la Universidad San Sebastián (USS), Anyvic Aguilera Cruz, calificó lo ocurrido en Calama como “extremadamente grave”.
No obstante, advirtió que el caso no es completamente aislado dentro de la historia reciente de violencia en contextos educativos en el país. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido en noviembre del año pasado en Valparaíso, cuando un estudiante atacó con arma blanca a un profesor universitario, además de la agresión que sufrió una profesora en Trehuaco en marzo de 2025, que la dejó con lesiones serias.
“Desde una mirada profesional, esto permite afirmar dos cosas a la vez: los homicidios consumados en contextos escolares son excepcionalmente raros en Chile; pero la violencia grave hacia docentes y funcionarios no es nueva, y en los últimos años ha aumentado su visibilidad, intensidad y frecuencia relativa”, planteó.
Desde una perspectiva más amplia, enfatizó: “Esto no habla de una ‘generación violenta’, sino de un deterioro progresivo del clima escolar y de las capacidades del sistema para contener, prevenir e intervenir oportunamente en situaciones de alto riesgo”.
En la Capilla Colegio Obispo Silva Lezaeta se realizará el velorio M.V.R tras el ataque ocurrido al interior del establecimiento en Calama FOTO: JUAN MARCELO RIQUELME/ UNO NOTICIAS
Por su parte, el doctor en Educación por la Universidad de Harvard y académico de la Universidad Pontificia Católica, Ernesto Treviño, comparte el diagnóstico: “La tragedia de Calama, en donde falleció una inspectora, es una situación sin precedentes en el sistema escolar chileno”.
“Esto habla de que, en primer lugar, pareciera ser que tenemos políticas de cuidado y de salud mental muy débiles. En este caso, las escuelas reciben a estudiantes que lamentablemente pueden venir muy heridos por su trayectoria personal y familiar, y que hubieran requerido intervenciones tempranas por parte del sistema de salud, tratamiento terapéutico, psicológico e incluso psiquiátrico”, expuso.
En el ámbito nacional, sostuvo que “existe una deuda enorme que Chile tiene con la niñez y la adolescencia”.
Por tanto, Aguilera remarcó que lo ocurrido responde a una “falla sistemática”, en la que confluyen debilidades del sistema educativo y de las redes familiares y de cuidado. A ello se suma que los equipos escolares, especialmente en la educación pública, carecen de recursos humanos y clínicos suficientes para abordar casos de alta complejidad emocional y conductual.
“Desde una perspectiva profesional en convivencia escolar y bienestar socioemocional, este caso evidencia que la prevención no ocurre en un solo espacio, sino en la articulación temprana y continua de todos los actores responsables del cuidado de niños, adolescentes y jóvenes”, complementó.
En cuanto a la situación del imputado, dado que tiene 18 años, corresponde un proceso penal adulto; por tanto, no aplica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. La investigación será por los delitos de homicidio consumado y cuatro homicidios frustrados. El Juzgado de Garantía de Calama amplió la detención hasta este martes 31 de marzo, instancia en la que se realizará la audiencia de formalización.
AHORA: Juzgado de Garantía de Calama amplía hasta el martes 31 de marzo detención de imputado por homicidio consumado de inspectora de establecimiento educacional y cuatro homicidios frustrados. pic.twitter.com/zMiyMCkGjJ
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) March 28, 2026
Consultada por el proyecto de ley que será presentado por el Gobierno, que permitiría a los centros educativos la revisión de mochilas, así como por la iniciativa que se discute en el Congreso sobre la instalación de detectores de metales, Aguilera comentó: “Las medidas reactivas son parte de un conjunto de herramientas, pero no reemplazan políticas de prevención, formación en habilidades socioemocionales, apoyo clínico y estrategias comunitarias realmente sostenidas en los establecimientos educacionales”.
En ese sentido, añadió que las medidas de control físico “pueden ofrecer una sensación de seguridad inmediata, pero la evidencia internacional y la experiencia técnica muestran que ayudan a reducir la presencia de objetos prohibidos, aunque no eliminan las causas profundas de la violencia escolar”.
“Es decir, no previenen la desregulación emocional ni los factores psicosociales subyacentes que llevan a comportamientos extremos. Por lo tanto, pueden desplazar la violencia hacia otros métodos o reforzar una lógica de seguridad versus educación, en lugar de una prevención integral con apoyo socioemocional”, reiteró.
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Asimismo, la experta puntualizó que estas medidas son útiles, pero desde su visión resultan “insuficientes si no se articulan con estrategias pedagógicas, comunitarias y socioemocionales sólidas”.
Finalmente, Treviño deslizó una reflexión: “Esto no se trata de una convivencia escolar punitiva, porque este tipo de perspectiva de mejorar o instalar acciones punitivas para tratar de resolver estos casos tan graves no tiene ningún sentido, porque no tiene capacidad preventiva. Aquí los psicólogos sociales y los trabajadores sociales tienen una larga experiencia para implementar medidas preventivas, pero no debe ser únicamente una persona o un cargo dentro de la comunidad escolar. Esto debiese ser una responsabilidad compartida para que las comunidades escolares sean más acogedoras con los estudiantes”.
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