CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que el veto no cambiará los beneficios que ya fueron aprobados. Su par de Energía, Juan Carlos Jobet, agregó que "los ajustes son básicamente cambios en la redacción que permiten reparar los problemas constitucionales" del proyecto de ley.
Este jueves se concretó lo que se venía anunciando hace varios días y el gobierno ingresó en el Congreso el veto al proyecto de ley que prohíbe el corte de los servicios básicos durante la emergencia sanitaria.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, aseguró que el veto no cambiará los beneficios que ya fueron aprobados y que se relaciona con competencias administrativas y legales que faciliten su implementación.
“Lo importante es modificar una parte del proyecto, de manera tal que esto tenga una consistencia con el Estado de Derecho”, dijo.
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En la misma línea, Juan Carlos Jobet, ministro de Energía, señaló que “estas observaciones buscan perfeccionar el contenido de esta ley, facilitar su promulgación y posterior ejecución en beneficio de las personas”.
“Los ajustes son básicamente cambios en la redacción que permiten reparar los problemas constitucionales que tiene el proyecto sin afectar los beneficios de las personas. Se mantiene intacta la obligación de no cortar los servicios de agua, gas, electricidad, y en telecomunicaciones los planes se ampliaron”, añadió.
En tanto, Gloria Hutt, ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señaló que “en telecomunicaciones nuestra idea es mejorar el plan solidario actual en los mismos términos que especifica el proyecto de ley”.
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“Con eso, se duplican las coberturas y se amplía el ámbito de beneficiarios del 40% que estaba en el plan solidario a un 60% del Registro Social de Hogares, tal como especificaba proyecto de ley”, añadió.
“Hemos llegado a un acuerdo en que las compañías se comprometen a entregar estos servicios y en el momento en que se definen como servicios son fiscalizables por Subtel“, complementó.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.