A través de una resolución exenta, firmada por el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, el Gobierno estableció la suspensión de la Consulta Indígena por 15 días, la que será renovada en dos ocasiones más.
Según informó La Tercera, se evaluará la representatividad que tiene la consulta, la cual ha sido cuestionada por pueblos originarios y, también, desde diversos partidos políticos.
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A esto se suman los hechos de violencia que podrían haber obstaculizado las reuniones de convocadas para su discusión, como los que ocurrieron en Collipulli y Tirúa. Es más, de los 139 talleres del proceso, sólo se pudieron realizar 79.
Asimismo, el Gobierno además ha planteado la opción de cancelarlo si es que ratifican que existe una falta de “representatividad”.
“Vamos a ver si hay esa disposición en los principales dirigentes indígenas para ver si continuamos o no después de los 45 días o derechamente la suspendemos, la dejamos sin efecto y el día de mañana comenzaremos otro proceso”, afirmó Gonzalo Arenas, jefe de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas (Ucai) del Ministerio de Desarrollo Social.
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Por medio de la consulta se buscaba viabilizar modificaciones a la Ley Indígena, contando con la participación directa de los dirigentes de este sector.
El Ejecutivo propuso 11 temas a discutir para ser modificados en la normativa, entre los que destacan permitir la realización de contratos de arriendo, comodatos o medierías en tierras indígenas por un plazo de hasta 25 años, y la venta de tierras indígenas entre indígenas.
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