Tras el fin del proceso de regularización extraordinaria de migrantes desarrollada por el gobierno de Sebastián Piñera en julio pasado, esta semana se dio paso a una nueva etapa, con una primera jornada de control masivo de inmigrantes en Santiago que no optaron por marginarse del proceso.
Con apoyo de la Policía de Investigaciones, el lunes se controlaron a 153 personas, de los cuales 46 no habían participado del proceso.
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Según informó el jefe nacional de Extranjería y Policía Nacional de la PDI, prefecto inspector Víctor Nakada a La Tercera, en su mayoría fueron ciudadanos provenientes de Perú, Venezuela, Haití, Ecuador y Colombia.
La autoridad destaca que se han detectado tres clases de migrantes en los procedimientos: los que no se enteraron del proceso extraordinario o no confiaron en él; los que tenían antecedentes penales en sus países y asumían que no conseguirían el permiso; y quienes no desean regularizar su caso con el fin de delinquir en el país.
Las personas controladas fueron sometidas a un proceso sancionatorio, que podría terminar en una multa o una eventual expulsión del país.
Consultados por el medio, agrupaciones de apoyo a migrantes hicieron un llamado a no generalizar la situación de los que no participaron en el proceso extraordinario de regularización.
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“No toda persona que no se regularizó es alguien con algún antecedente. Una persona que no alcanzó a inscribirse no es sinónimo de delincuente expulsable”, sostiene al respecto el director del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), José Tomás Vicuña.
Analizando este punto, Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes de la UDP, señala que “hay casos de personas que ingresaron después del 8 de abril y que no han podido regularizar su situación. ¿Son indeseables por eso? Hay personas que cumplieron condenas en sus países de origen, pero no han podido acceder a visado. ¿Son delincuentes?”.
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