Entre el 19 y 28 de octubre pasado, días en que se decretó estado de emergencia en el país, el Ministerio Público recibió un total de 840 denuncias por presuntos excesos cometidos por militares y policías contra civiles.
Hasta el momento, 45 investigaciones penales ha iniciado la Fiscalía contra el Ejército y otras 8 contra la Armada.
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De estos, según indica el Ministerio de Defensa, hay tres casos formalizados contra personal del Ejército (uno por homicidio y dos por apremios ilegítimos), y una investigación contra un funcionario de la Armada por cuasidelito de homicidio.
Sin embargo, según detalles reportados por La Tercera con datos de la Ley de Transparencia, las tres ramas de las Fuerzas Armadas no han iniciado investigaciones internas para determinar las eventuales responsabilidades de sus funcionarios y sus mandos, al contrario de Carabineros y la PDI que ya iniciaron 38 sumarios administrativos.
En respuesta a este hecho, desde el Ejército señalaron al citado medio el 3 de enero que la institución “ha privilegiado el acceso a todos los antecedentes requeridos por la justicia civil y a fin de no entorpecer dichas investigaciones en cada caso”.
“No obstante aquello, hoy se encuentran iniciadas dos investigaciones sumarias administrativas, con el objeto de determinar el buen empleo de los procedimientos y aplicación de la normativa legal vigente”, agregaron al respecto.
En cuanto a la Armada, aseguraron que no se han instruido sumarios ni investigaciones sumarias “en situaciones como las descritas”, aunque reconocen que Carabineros presentó a Fiscalía denuncias por tres casos “en los que estarían involucrados funcionarios de la Armada”.
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Por último, desde la Fuerza Aérea respondieron que no se han instruido investigaciones sumarias contra funcionarios de la institución por cometer presuntos delitos contra civiles.
En conversación con el matutino, el jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, Pablo Urquízar, aseguró que las FF.AA. comenzarán las investigaciones administrativas “una vez concluidas las investigaciones judiciales”.
“El propósito es no interferir en las investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público, y prestarle la máxima colaboración de manera tal que puedan esclarecerse íntegramente los hechos, sin que existan investigaciones paralelas”, sostuvo la autoridad.
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