El Frente Amplio se refirió este sábado a la solicitud de la Fiscalía Regional de Coquimbo para interceptar el teléfono del presidente Gabriel Boric, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Fundación ProCultura.
El caso se enmarca en la investigación sobre el uso irregular de fondos públicos en fundaciones vinculadas a la coalición de gobierno. La Fundación ProCultura, cerrada en 2023, es una de las principales organizaciones bajo la lupa del Ministerio Público.
La solicitud habría sido rechazada por el Juzgado de Garantía por falta de fundamentos, pero la coalición oficialista denuncia una ofensiva política disfrazada de causa judicial.
¿Qué dijo el FA?
En una declaración pública, el bloque político descartó cualquier vínculo financiero entre la campaña presidencial de Boric y la fundación investigada.
“Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido revisadas y aprobadas por el SERVEL, y su información es pública”, señalaron.
Además, el conglomerado acusa que se intenta instalar una sospecha infundada “solo a partir de vínculos personales y conversaciones informales”.
Respecto a los intentos de involucrar al Presidente a través de escuchas telefónicas, apuntaron directamente al fiscal Patricio Cooper, acusándolo de recurrir a “una estrategia judicial basada en la filtración selectiva de antecedentes a la prensa, con el único fin de desprestigiar al Presidente”.
El comunicado también denuncia la interceptación de comunicaciones de personas no imputadas en la causa, como Josefina Huneeus, lo que califican como “espionaje ilegal” y una grave vulneración de derechos individuales.
“Escuchar ilegalmente las conversaciones de terceros constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas. Al no estar imputada en la causa, la interceptación de la comunicación de Josefina Huneeus es ilegal y esta debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad”, sostiene la misiva difundida por redes sociales.
Además, califican de “gravísimo” el hecho de que se haya intentado intervenir el teléfono del propio Presidente en dos ocasiones, lo que fue rechazado por el tribunal ante la falta de antecedentes concretos.
“Esto resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones“, aseguraron.
El Frente Amplio sostuvo que la magnitud de las interceptaciones —más de 42 teléfonos, incluyendo conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024— revela “una operación de espionaje con fines políticos”, que, según dijeron, daña no solo a personas específicas, sino también a la institucionalidad del Ministerio Público y a la democracia chilena.
?Declaración pública del Frente Amplio sobre el caso ProCultura y la información revelada por la prensa. pic.twitter.com/JvVMwcMq5R
— Frente Amplio Chile (@elfrente_amplio) May 10, 2025
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