Caso ProCultura: La estrategia que Fiscalía construyó para indagar posible financiamiento ilegal de campaña de Presidente Boric

Una arista sensible y hasta ahora reservada de la investigación por convenios entre el Estado y la fundación ProCultura ha puesto bajo la lupa de la Fiscalía a figuras clave del oficialismo.

La indagatoria, liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, explora la posible existencia de un esquema de financiamiento irregular de campañas políticas, incluyendo la del propio Presidente Gabriel Boric.

La causa, conocida inicialmente como una extensión de la arista Democracia Viva del Caso Convenios, tomó un giro inesperado cuando Cooper, designado en reemplazo del suspendido fiscal Carlos Palma, solicitó interceptar las comunicaciones de 26 personas vinculadas a ProCultura.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta y permitió a la Fiscalía acceder a conversaciones que, según Cooper, reforzarían la hipótesis de desvío de fondos públicos hacia campañas políticas del Frente Amplio.

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Según consignó La Tercera, una de las piezas clave que utilizó el fiscal para sustentar su tesis fue una conversación transcrita por la PDI, en la que la fotógrafa Patricia Ilonka Csillag, cofundadora de la ONG, hace referencia a una deuda que no fue saldada porque “la plata se usó en la campaña del Boric”, según habría dicho el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín.

Larraín es psiquiatra y mantiene una relación cercana con el Presidente Boric.

“El 14 de octubre de 2024 recibe un llamado de una mujer que se identifica como ‘Lucía’. Fluye del contenido de la comunicación que conversan respecto a una suma de dinero que la Fundación ProCultura le adeuda. En dicha conversación, además, interviene la representante legal de la fundación, María Constanza Gómez. La interlocutora ‘Lucía’ insiste en que se les había prometido recibir un dinero para saldar la deuda y menciona una conversación que tuvo con el director ejecutivo, Alberto Larraín, donde a la solicitud de dinero que le hizo, él le habría indicado: ‘No, gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca’“, sostine el escrito de Fiscalía, publicado por el mismo medio antes mencionado.

La Fiscalía también exploró la eventual participación de la exprimera dama Irina Karamanos, debido a depósitos que recibió desde la fundación.

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Sin embargo, el Ministerio Público descartó su implicancia penal tras comprobar que los pagos respondían a un error técnico de BancoEstado.

Desde abril, Karamanos figura únicamente como testigo en la causa.

Cooper también apuntó a convenios firmados en la Región de Magallanes, donde según informes policiales, Larraín habría sostenido contactos directos con el entonces Presidente electo Boric.

En una conversación de marzo de 2022, el director de ProCultura le menciona al gobernador Jorge Flies que había dialogado con el mandatario sobre un proyecto en Torres del Paine, lo que fue interpretado como un vínculo directo con la toma de decisiones relacionadas con fondos públicos.

La solicitud más controversial de Cooper fue pedir la intervención directa del teléfono del Presidente de la República, basándose en estas comunicaciones y vínculos.

Sin embargo, el tribunal rechazó tajantemente la medida, al considerar que no existían fundamentos concretos suficientes.

“El hecho de que la persona de quien se pide la diligencia sea amiga o no del director ejecutivo de la fundación ProCultura no lo hace merecedor de reproche penal”, concluyó el Juzgado de Antofagasta.