Fiscalía por tragedia en Torres del Paine: Existe eventual hipótesis de “incumplimiento de deberes de funcionarios públicos”

El fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, se refirió a las diligencias que se están desarrollando en el marco de la tragedia ocurrida en Paine, que culminó con la muerte de cinco personas.

En ese contexto, señaló a La Tercera que, a través de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), se han tomado declaraciones a las personas que se encontraban en el refugio “Los Perros”, la mayoría de ellas extranjeras.

Además, se ha entrevistado a funcionarios de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y a trabajadores o ejecutivos de la empresa Vértice.

Hasta el momento, explicó que no se ha descartado ninguna hipótesis investigativa y que las diligencias realizadas corresponden a declaraciones de carácter testimonial, propias de una etapa preliminar.

Consultado sobre una eventual irresponsabilidad de los excursionistas o una posible negligencia de los guardaparques, Crisosto aclaró que la investigación se encuentra en una fase inicial.

Sobre los antecedentes recopilados, detalló que durante la mañana del 17 de noviembre, día posterior a las elecciones, no había guardaparques de Conaf en el sector, y que las víctimas se encontraban en un campamento provisto por la empresa Vértice. En ese contexto, afirmó que se está descartando la hipótesis de intervención de terceros.

“Una hipótesis es el eventual incumplimiento de deberes de cuidado respecto de funcionarios públicos, pero también el incumplimiento de deberes de cuidado de una empresa privada”, sostuvo.

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Respecto a qué entidad podría ser responsable de la ausencia de guardaparques ese día, señaló que la administración del parque es pública, y que la distribución de los guardaparques depende de Conaf. En esa línea, recordó el principio de continuidad del Estado.

“Eso quiere decir que el Estado no puede paralizar su funcionamiento. En los días de elecciones o feriados, por ejemplo, los hospitales siguen funcionando. Por lo tanto, la administración del Estado debe proveer los servicios de manera regular y continua”, explicó.

Identificación de las víctimas

Por otro lado, el fiscal indicó que el ente persecutor ha tomado contacto con los familiares de las víctimas a través de la Unidad de Víctimas y los respectivos consulados.

“Lo que tenemos que hacer es la comprobación científica de la identidad de estas personas, mediante odontogramas, ADN y huellas dactilares. En estos momentos, la ciudadana británica ya se encuentra en condiciones de ser entregada a sus familiares, quienes enviaron directamente al Ministerio Público los registros odontológicos. Respecto de los otros cuatro casos, aún nos encontramos en ese proceso”, concluyó.