Fiscalía formalizará a 800 militares activos y retirados por nuevo caso de fraude en el Ejército

(Agencia UNO) – El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, alista la formalización de 800 militares activos y retirados por un fraude dentro del Ejército correspondiente a un valor de 3 mil millones de pesos.

La investigación comenzó en 2018 y según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas. 

Palma ya lideró en 2018 un registro en los Comandos de Personal, Telecomunicaciones y Dirección de Finanzas del Cuartel General del Ejército en Santiago. Entonces eran poco más de 300 los militares investigados.

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El fraude se realizó a través de contratos a honorarios, pago de sueldos a personal retirado y comisiones de servicios que no se realizaron donde hubo un pago a modo de compensación por pérdidas económicas individuales.

Todo ello a raíz del término del Fondo de Ayuda Mutua (FAM), un sistema informal de ayuda solidaria que operaba en Coyhaique desde 1950 y el cual fue anulado por el Ejército en 2006.

“Una vez que el Fondo de Ayuda Mutua cerró, se implementaron medidas para paliar el perjuicio causado a los funcionarios y en un primer momento, esas medidas estaban dentro del marco reglamentario y legal que era realizar comisiones de servicios o dar prioridad a aquellas personas que habían sido perjudicadas económicamente”, explicó Palma en 2018, en declaraciones recogidas por RLN.

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“Sin embargo, y eso es lo que se está investigando desde el punto de vista penal, en algún momento las comisiones de servicio se decretaban y pagaban pero no se hacían: los contratos de trabajo que se suscribían no llevaban aparejado en la práctica la realización de trabajo, por lo tanto existía salida de dinero sin justificación, y en algunos casos, extensión de los beneficios post retiro a un plazo mayor al legalmente permitido”, hizo saber.

Las penas para el delito de fraude fiscal, dependiendo los montos y reiteración en los hechos, oscilan entre los 541 días de presidio a penas de crimen, es decir superiores a los cinco años y un día de cárcel.