Juan Pablo Rodríguez, ex subsecretario de Hacienda, como ustedes saben, dio positivo en un test de drogas y fue compelido, invitado a salir del Gobierno. Sin embargo, él alega que no consume drogas, que no ha sido consumidor y que dio un falso positivo. Además, se resiste a que el laboratorio, que según él ha cometido irregularidades, tanto en la trazabilidad como en la información que le han dado, le tome la contramuestra como indica el protocolo.
Está muy dispuesto, eso sí, a hacerse todos los exámenes que sean necesarios en otros laboratorios para demostrar que no consume drogas. No me corresponde, por supuesto, pronunciarme sobre el fondo del asunto; para eso están los exámenes y los expertos que lo dirán. Pero sí uno puede pronunciarse, o al menos emitir alguna opinión, sobre el debido proceso que aquí no parece haber tenido mucho lugar, porque las preguntas son muchas.
Una primera pregunta, por ejemplo: ¿por qué el Gobierno decidió apartarlo de su cargo sin estar completamente seguros del resultado del examen? ¿Qué tan adecuado es el protocolo empleado por el Gobierno en este caso? Es más, ¿está dispuesto el Gobierno a revertir su decisión si Juan Pablo Rodríguez demuestra que no ha consumido drogas, como correspondería en justicia? Si fue apartado por ese motivo y demuestra que el motivo es falso, parece que en justicia correspondería eso.
Todo indica que el consumo de drogas por parte de autoridades es demasiado importante como para haber tomado decisiones tan precipitadas. Comentemos justamente eso.
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