El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, adelantó los preparativos y avances del Ministerio Público de cara a la llegada de marzo, mes en que se prevé que se retomen las protestas y manifestaciones que se gatillaron después del 18 de octubre.
En conversación con La Tercera, el persecutor se refirió a los hechos de los primeros días del estallido social, como los incendios en algunas estaciones del Metro, y con respecto a la supuesta coordinación que habría existido explicó que “en el ataque al Metro Pedrero hubo un llamado para afectarlo el día 21 de octubre, pero el 18 de octubre, en redes sociales, se comenzó a conocer que se estaban tomando distintas estaciones, por lo que esta acción se adelanta y se hace más violenta aún, terminando con el ataque e incendio a esta terminal“.
“Yo creo que este caso da cuenta de que, si bien había una mirada muy álgida, muy dura de lo que estaba ocurriendo en ciertos grupos de distintas áreas, que llamaban a manifestarse en las estaciones de Metro, luego el proceso de destrucción se genera más bien espontáneamente, y se traduce en la acción violenta de destrucción que se propagó por toda la ciudad“, detalló.
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“No vemos un propósito político”
En base a lo anterior, descartó la existencia de una organización que haya liderado los ataques: “Hubo una coincidencia horaria, porque se adelantó ese día el cierre de las estaciones de Metro y eso mismo generó el deseo de parte de las personas de querer tomarse las estaciones. Y en ese afán y en ese ímpetu, las queman. Pero no tenemos, al menos en la zona oriente, un plan previsto destinado a quemar la red de Metro e inutilizarla“.
Eso sí, indicó que después del 18 octubre “y en otras manifestaciones, en ataques a bienes públicos, sí vemos algunos niveles de organización diferente”, como por ejemplo “todos los hechos que ocurren en torno a Plaza Italia y que terminan dañando las instalaciones del Departamento de Postgrado de la Universidad de Chile, daños y quemas a un acceso de la estación Baquedano, donde participan también esos mismos elementos en la destrucción del Hotel Principado y en la Hacienda Gaucha”.
“Ahí nosotros vemos que hay personas que se convocan previamente, que además se preocupan de llevar acelerantes, de fabricar molotov, de destruir en días sucesivos, y eso habla de que hay un nivel de organización más que nada destinada a realizar acciones vandálicas, pero no vemos un propósito político“, dijo.
En ese sentido, el fiscal indicó que “conforme a los avances de las investigaciones no vemos hasta el día de hoy esa influencia extranjera, en los hechos que se generan el 18 de octubre, ni tampoco en los ocurridos con posterioridad”.
“Lo que vemos son personas de nuestro país que en un principio actúan dentro de un reclamo que se estaba dando días anteriores. Luego, uno ve que en determinadas ocasiones, y hemos tenido detenidos en casos particulares, donde hay un nivel de organización destinado a vandalizar, pero en ningún caso una acción destinada a tomarse el poder. No vemos una megaorganización que dirija todos los ataques y que tenga un propósito político claro“, detalló.
Presencia de la Fiscalía en hospitales
Así como Carabineros, las Fuerzas Armadas, el gobierno y los servicios de atención de salud, la Fiscalía también realizó su propia planificación para enfrentar las nuevas movilizaciones, lo que incluye la presencia de sus funcionarios en hospitales.
“Vamos a tener un dispositivo especial en el Hospital El Salvador, donde, cuando hay manifestaciones, frecuentemente llega una cantidad importante de personas heridas. Ahí estará personal de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de nuestra fiscalía, la cual estará coordinada a su vez con instituciones como el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, para poder tomar a tiempo las denuncias y adoptar las primeras diligencias”, indicó Guerra.
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Dicha medida ya es implementada por la Fiscalía Centro Norte en la ex Posta Central.
El fiscal explicó que hasta el momento la Fiscalía Oriente contabiliza 60 casos de lesiones oculares y detalló que, para las indagatorias, han aprendido lecciones como “contar de antemano con información respecto de los funcionarios policiales que trabajan en determinados lugares, ya que las lesiones, como hay casos, pueden ser atribuidas a un actuar de la policía, y así tener claridad respecto de cómo ocurrieron los hechos”.
Con respecto al actuar de Carabineros, señaló que “tenemos cerca de 600 casos de violencia institucional, donde 150 son por lesiones de consideración. Los casos más graves son excepcionales, como los episodios brutales ocurridos en Plaza Ñuñoa y La Florida, aunque esos hechos son más bien aislados, no es la regla general. La regla general, tal vez, es que hay un inadecuado uso de la fuerza“.
Finalmente, consultado sobre si, de acuerdo a los antecedentes que manejan, fueron bandas de narcotraficantes las que estaban detrás de los saqueos, Guerra afirmó que “en nuestro caso, mayoritariamente los saqueos tienen que ver con personas que no poseían antecedentes penales y que, en algunos casos, por las razones más variadas, esencialmente por el miedo al desabastecimiento, fueron a un lugar a saquearlo“.
“También tenemos personas con antecedentes penales, pero es una proporción minoritaria. Tal vez en otras zonas de Santiago sea distinto”, cerró.
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