El Consejo de Defensa del Estado presentó el documento ante la Corte de Apelaciones, que pretende dejar sin efecto el fallo de la Justicia chilena, que ordena al Estado pagar casi $2.500 millones a 31 de los 33 mineros que quedaron atrapados en el 2010.
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Uno de los argumentos del escrito, consignado por La Tercera, apunta que los afectados por lo sucedido en la Mina San José de Atacama ya han recibido suficientes beneficios y reparaciones tras el hecho.
“No puede pasarse por alto que si bien la experiencia traumática vivida por los actores probablemente quedará en su memoria para siempre, también en esa misma memoria estarán todos los viajes por el mundo que realizaron y a los que fueron invitados por autoridades e instituciones de la más variada índole, al igual que oportunidad que tuvieron de conocer a diversas personalidades del mundo del cine, la música, la política internacional y el deporte”, indica el texto.
Dentro de las 26 páginas del documento, el CDE señala por qué la sentencia está errada con una serie de antecedentes.
En uno de los puntos, se asegura que el Estado ha gastado una importante cantidad de dinero por estos mineros, suma que es superior a la que se entrega al resto de los trabajadores en Chile.
“No cabe duda que la situación de privilegio es innegable, en especial considerando la realidad nacional, donde más del 50% de los trabajadores gana menos de $ 380.000″, se detalla.
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También, el CDE destaca que “ninguno de ellos quedó incapacitado para desarrollar actividades lucrativas” y detalla algunos de los beneficios que recibieron en estos años, como las 33 motos Kawasaki Ninja 250 que se les regalaron, los $165 millones donados por el empresario Leonardo Farkas y los $34.919.705 aportados por chilenos anónimos a la cuenta del Banco Santander “3333, Chile por los Mineros”.
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