ARCHIVO: AGENCIA UNO

Este miércoles, el jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, junto a los diputados Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, acudieron a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación por el mal uso de recursos públicos en los que estaría incurriendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

De acuerdo a los parlamentarios, el INDH estaría pagando el contrato de arriendo que mantiene con los propietarios de sus oficinas ubicadas en Eliodoro Yáñez, el que establece un pago mensual por 160 UF ($4.957.000).

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Por lo mismo, aseguraron que desde el 8 de julio de 2021 -fecha en que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) tomó la sede-, la organización ha desembolsado cerca de $28 millones por el arriendo de dicha propiedad, sin que pueda hacer uso de ella.

“Es verdaderamente inaceptable que, en casi seis meses de toma ilegal, el INDH no haya tenido la capacidad de presentar una querella y solicitar el desalojo del inmueble. Más aún, si consideramos que todos los meses están gastando casi $5 millones en arriendo, que son recursos que le pertenecen a todos los chilenos y que no están destinados para financiar a grupos radicales y violentistas”, cuestionaron los gremialistas.

Por lo mismo, los legisladores insistieron en la necesidad de recurrir a la Contraloría dado que “hay un evidente mal uso de recursos públicos”, agregando que “si en todo este tiempo el consejo directivo del INDH no ha tenido la voluntad de querellarse por la toma ilegal de su sede, la única alternativa que queda es que el órgano contralor actúe y tome cartas en el asunto”.

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Además, los diputados advirtieron que la falta de voluntad de los directivos del INDH podría poner en riesgo el secreto por 50 años que estableció la Comisión Valech, considerando que la institución es la responsable por ley de custodiar dichos documentos, los cuales se encuentran guardados en la sede tomada en Providencia.

“Con esta toma ilegal, todos esos informes y declaraciones corren el riesgo de ser divulgados y se rompería con el secreto establecido por ley”, alertaron los parlamentarios de la UDI, quienes finalmente adelantaron que “en caso de que aquello ocurra, lo que es muy probable, vamos a acudir a la Corte Suprema para solicitar la destitución de los consejeros del INDH dada su grave responsabilidad en este caso”.

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