Foto: Agencia Uno

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca modificar el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública a través de la ejecución de actos de violencia, iniciativa conocida también como ley antisaqueos.

La propuesta, impulsada desde el gobierno, fue aprobada por 127 votos a favor, 6 en contra y 13 abstenciones. En el texto, el proyecto establece además sanciones con penas más altas para quienes resulten responsables de incendiar barricadas, en el marco de manifestaciones.

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Para esta sanción, el documento indica que se entenderá por desorden público las siguientes situaciones:

  1. Paralizar o interrumpir algún servicio público de primera necesidad, entendiéndose por tales los servicios de transportes, hospitalarios, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones, afectando gravemente su funcionamiento.
  2. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas mediante el lanzamiento de elementos contundentes, cortantes, punzantes u otros elementos aptos para esos fines.
  3. Destruir, en todo o en parte relevante, una vivienda, un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o la irrogación de daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social.
  4. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos.
  5. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública, destinada a combatir un siniestro u otra calamidad o desgracia que constituya peligro para la seguridad de las personas.
  6. Cuando se ocupen o usurpen bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados.

“El que valiéndose de una manifestación o reunión pública tome parte violenta y activamente en un hecho constitutivo de desorden públicoserá sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo, esto es, desde 541 días a 5 años”, detalla el proyecto.

Críticas a diputados del FA

Dentro de los 127 votos a favor se incluye la aprobación de parlamentarios del Frente Amplio, quienes anteriormente habían criticado el proyecto por “criminalizar la protesta social”.

Los únicos que votaron en contra de la tipificación fue Florcita Motuda (PH), Pamela Jiles (PH), Félix González (Partido Ecologista), Amaro Labra (PC), Hugo Gutiérrez (PC), Emilia Nuyado (PS) y Esteban Velásquez (FREVS).

El sufragio a favor de los diputados frenteamplistas causó polémica incluso al interior del conglomerado. El sociólogo Carlos Ruiz, considerado el ideólogo del bloque, criticó duramente la decisión de “la izquierda parlamentaria”.

La diputada del Partido Humanista, Pamela Jiles, se sumó a las críticas a sus colegas. “Cuando los repriman, les lancen balines, los golpeen o los apresen por tener una bufanda en la cara acuérdense de estos 127 diputados que blindan a Piñera”, emplazó.

Algunos parlamentarios del FA salieron a explicar sus razones tras el voto. Uno de los primeros fue Giorgio Jackson (RD), quien respondió a Jiles señalando que “parece que hay una confusión”, ya que “el mal llamado proyecto ‘antiencapuchados’ está en el Senado y no ha pasado por la Cámara”, recalcó.

Otro que respondió al tweet de la militante del PH fue el diputado Jorge Brito (RD), quien indicó que “algunas personas buscan dividir y desinformar”.

Gabriel Boric (CS), por su parte, explicó que aprobó “penalizar ataques a bomberos y otros servicios de utilidad pública que pongan en peligro la vida de la gente (como SAMU) y rechacé todo lo que criminaliza la protesta social”.

“Aprobamos en general porque rechazamos los saqueos y sabemos el daño que han causado a trabajadores/as. La izquierda no debe temer respaldar la protesta social, enfrentar a quienes intenten criminalizarla y a la vez enfrentar a quienes se aprovechan de ella para su beneficio individual“, justificó.

La presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, también respondió a los cuestionamientos. “Teníamos que hacernos cargo de los saqueos y enfrentar a bandas delictuales que les acomoda el modelo de competencia y desigualdad infundiendo miedo. Rechazamos la criminalización de la manifestación”, aseguró.

Otra de las parlamentarias que aceptó modificar el Código Penal fue Maite Orsini (RD), quien a través de un hilo en Twitter explicó las razones de su voto.

“No aprobamos la criminalización de tomas, cortes de calle, meros rayados en bienes o huelgas legítimas de servicios públicos. Aprobamos solamente la criminalización de saqueos, impedir actuar de bomberos e impedir la protesta (para este último faltaron votos)”, dijo.

Además, aclaró que hoy no votaron por la “ley antiencapuchados”. Sin embargo, adelanta que esta será rechazada por su bancada, ya que “es una medida ineficiente, que priva de un medio de protección contra las lacrimógenas y criminaliza la protesta social legítima”, aseveró.

Cabe destacar que Camila Vallejo (PC) se abstuvo de votar a favor del proyecto. “Tuvimos diferencias sustantivas sobre el proyecto, en lo único que votamos a favor fue en la tipificación del saqueo como el robo en lugar no habitado cuando se hace de manera organizada, como lo ocurrido con el concejal RN”, puntualizó.

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