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Dirigentes del Colegio de profesores llegaron hasta el Ministerio de Educación (Mineduc) para pedirle al gobierno que cumpla con el pago de la deuda histórica de los docentes, esto, tras el histórico falló de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que condenó al Estado de Chile a pagar la deuda a 846 profesores del gremio.

En promedio serán entre 80 y 90 millones de pesos, no solo a los profesores, sino también a sus herederos, debido a que un 20% de las personas que demandaron al Estado en la CIDH han fallecido.

Desde el Colegio de profesores pusieron el foco en que falta saber cómo el Estado se hará cargo de esta deuda, puesto que tiene un plazo de tres años para pagar y, por ende, será un tema que se seguirá resolviendo en el gobierno de Gabriel Boric. En ese sentido, representantes del magisterio entregaron una carta oficial al ministro de Educación para exigir que se comience a llevar a cabo el fallo que no se puede apelar.

“Pedirle al ministro de Educación y, a través de él, al gobierno de Chile, que estará en ejercicio hasta el 10 de marzo de 2022, que señale con claridad cuál es su planteamiento y su parecer a raíz de este fallo“, indicó el presidente del Colegio de profesores, Carlos Díaz.

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A su vez, recordó que “miles y miles de colegas están en la misma condición y por tanto creemos que hoy el Estado de Chile no puede seguir desentendiéndose como lo ha hecho durante 40 años y debe tomar una resolución y definir clara y prontamente cuáles serán los pasos que tomarán con los otros colegas que no están en este fallo, pero que también les corresponde un pago”, en referencia a otros más de 60.000 docentes.

Lo que ha señalado el gobierno este miércoles, a través de Raúl Figueroa, ministro de Educación, es que se está analizando el fallo con Cancillería para resolver cómo se llevará a cabo. “Es evidente que el próximo gobierno también tendrá que darle un cierre a esa situación“, sostuvo por su parte Figueroa.

Además, el jefe de la cartera de educación agregó que “es muy importante circunscribir el fallo a lo que específicamente se trata, que dice relación con el cumplimiento de sentencias judiciales por parte de determinados municipios en un asunto que se lleva prolongando desde larga data”, puntualizando que “se refiere específicamente a una situación de cumplimiento de sentencias judiciales y creo que es importante revisarlo en ese contexto”.

El abogado Ciro Colombara, quien representó a los docentes ante la CIDH, afirmó que “durante los 16 años que el caso estuvo ante el sistema interamericano el Estado de Chile tuvo una actitud dilatoria“. A su vez, señaló que “creo que es posible avanzar en una estrategia para reparar también a las demás víctimas a nivel de tribunales nacionales“.

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