La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, interpuso una querella criminal en contra de funcionarios de la Polícia de Investigaciones (PDI) por los delitos de lesiones graves y apremios ilegítimos tras una agresión sufrida por dos menores en la comuna de Angol.
La querella relata que el 10 de septiembre, cerca de las 14:30 horas, el adolescente C.A.M.Ñ., de 14 años de edad, y su prima F.A.A.F., de 12 años de edad, se encontraban en el domicilio de su tía y madre, respectivamente, en un predio en el sector Huapi Trio Santa Ema, perteneciente a la comunidad autónoma Likankura, de la comuna de Angol.
Al lugar ingresaron funcionarios de la PDI “de manera violenta, gritando y golpeando” a la madre de C.A.M.Ñ. “supuestamente para encontrar en ese lugar a un hermano de la señora, quien no reside en dicho predio”.
El texto agrega que los funcionarios lanzaron a la mujer al suelo y uno de ellos sumergió su cara en una poza de agua y barro, mientras le pegaban con un palo. Los menores intervinieron, “tratando de separar a los policías de sus madres, momento en que uno de los funcionarios de la Policía de Investigaciones atacó a F.A.A.F., inmovilizándola y lanzándola al suelo“.
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“Luego de eso, otros policías quiseron reducir a C.A.M.Ñ., pegándole en la cabeza y en el cuerpo, también lanzándolo al suelo y aplastándolo, manteniendo ese ataque a pesar de que el niño les decía que no podía respirar“, agrega.
Antes de ser reducido, el menor de 14 años grabó con su celular un video de la golpiza propinada a su madre, su tía y su prima. Según denuncia la defensora, el teléfono “le fue arrebatado por uno de los policías, y al exigirlo de vuelta le dijeron que lo habían botado, situación que evidencia la intención manifiesta de los policías involucrados de eliminar cualquier registro de su delito“.
Producto de los hechos, C.A.M.Ñ. sufrió lesiones de carácter grave en su rostro y de diversa gravedad en su cuello, brazo izquierdo y rodillas. Además, la querella destaca que “tanto a él como a su prima, F.A.A.F., le han provocado serias consecuencias psicológicas, asociadas a su sentimiento de culpa por no haber podido defender a sus madres del ataque policial, además de presenciar cómo estos funcionarios policiales, al intervenir en el lugar, dispararon directamente a uno de sus perros, sin que pudieran determinar en el momento si el disparo policial le había provocado la muerte o no a su mascota”.
La querella está orientada a quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos. En ella, la abogada pide, entre otras diligencias, que sean entrevistadas las víctimas, que el Servicio Médico Legal (SML) efectúe peritajes psicológicos a ambos menores, que la PDI precise la información sobre los funcionarios que participaron en el procedimiento policial y que se recupere el video grabado por C.A.M.Ñ.
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