Contraloría y traslado de personas en bus desde Recoleta a protesta en Santiago: “No resultó procedente el uso de bienes públicos”

El pasado 19 de julio un grupo de adultos mayores se dirigió desde la comuna de Recoleta hasta Santiago para asistir a una manifestación en apoyo a la reforma de pensiones del gobierno, y que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores y la Unidad por Trabajo Digno. Para ello, se movilizaron en un bus que fue facilitado por la Municipalidad de Recoleta, cuyo alcalde es Daniel Jadue.

Luego del hecho, los diputados del Partido Republicano, José Meza y Agustín Romero, presentaron una denuncia en la Contraloría General de la República, argumentando que existió un uso indebido de recursos públicos, puesto que se usó el bus, un conductor y combustible “para fines ajenos a los institucionales, favoreciendo intereses propios de la militancia política de su máxima autoridad, el señor Jadue”.

Durante esta jornada el ente fiscalizador se pronunció en relación con la denuncia de los parlamentarios.

De acuerdo a La Tercera, la respuesta de Contraloría señala que la actual legislación afirma que se vulnera la probidad administrativa, “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros” y que el uso de vehículos estatales “solo pueden ser empleados para el cumplimiento de sus funciones”.

Y que “existe la prohibición absoluta de usar los vehículos estatales en cometidos particulares o ajenos al órgano o servicio al cual pertenecen, ya sea en días hábiles o inhábiles”.

“Se advierte que la Municipalidad de Recoleta facilitó un bus estatal, combustible y el respectivo conductor para el traslado de personas adultas mayores a una manifestación convocada en el centro de la comuna de Santiago (…). Ahora bien, tal marcha o manifestación no es susceptible de considerarse una actividad vinculada al cumplimiento de las funciones propias del municipio, pues no se aprecia que pueda ser calificada como recreativa, cultural, patrimonial ni turística”, dicta el documento.

Por ello, Contraloría resolvió que “no resultó procedente que se hayan empleado los referidos bienes públicos y personal de esa entidad edilicia en el marco antes descrito, y no en los estrictamente relacionados con los fines municipales”.

“La Municipalidad de Recoleta deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones como la acá observada se repitan en lo sucesivo”, explicaron desde el ente contralor.