El procedimiento, ejecutado por la Brigada Anticorrupción de la PDI bajo la dirección del fiscal Patricio Cooper, ha sido cuestionado por el equipo de defensa de Karol Cariola, quien asegura que los policías sabían que la diputada estaba hospitalizada y en pleno trabajo de parto, durante el allanamiento a su domicilio, el pasado 3 de marzo.
Un escándalo mediático ha resultado el allanamiento del departamento de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), ocurrido el pasado lunes 3 de marzo, justo el día en que dio a luz a su primer hijo.
La acción, dirigida por el fiscal regional Patricio Cooper y ejecutada por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), ha desatado un fuerte cuestionamiento por el momento elegido para llevar a cabo la diligencia.
Una semana después del incidente, la defensa de Cariola ha puesto en duda la legitimidad del procedimiento, especialmente al considerar el contexto en que ocurrió: a las 7:00 de la mañana, cuando la diputada se encontraba en pleno trabajo de parto en un hospital de Santiago.
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Los cuestionamientos, sin embargo, no se centran en el contenido de la investigación, que involucra al empresario chino Emilio Yang y su posible intervención ante la exalcaldesa Irací Hassler, sino en la oportunidad y el contexto del allanamiento.
El abogado de la diputada, Juan Carlos Manríquez, ha sido contundente al señalar que los efectivos de la PDI llegaron al departamento de Cariola, sabiendo que ella estaba hospitalizada. Según Manríquez, la policía no pudo haber ignorado que la parlamentaria se encontraba en trabajo de parto.
“Los agentes prácticamente intentaron ingresar hasta la sala de parto“, afirmó el defensor, subrayando que la situación vulneró la intimidad y dignidad de Cariola en un momento tan delicado.
La PDI, por su parte, ha negado rotundamente las acusaciones de haber intentado entrar al hospital. Según fuentes cercanas a la policía, el allanamiento se realizó exclusivamente en el domicilio de Cariola, y todo fue coordinado con su pareja, quien se presentó en el departamento de forma voluntaria, consignó La Tercera.
La PDI asegura que los procedimientos se realizaron con el total respeto a la ley y los protocolos establecidos.
Además, el fiscal Cooper, en conversación con el mismo medio anteriormente mencionado, defendió la urgencia de la diligencia, explicando que la operación se llevó a cabo en ese momento debido a que otro de los involucrados en el caso, la exalcaldesa Hassler, accedería a información relevante que comprometería a ambas en la investigación.
No obstante, el abogado Manríquez no se mostró convencido, cuestionando la plausibilidad de que una mujer en proceso de parto pudiera estar involucrada en la gestión de los casos en investigación.
Por su parte, la diputada Cariola anunció su intención de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a raíz de este episodio, por considerar que se violaron acuerdos internacionales en su contra durante el procedimiento.
Mientras tanto, la PDI prepara un informe detallado sobre el allanamiento que será entregado tanto a la defensa de la parlamentaria como al Ministerio Público, con el objetivo de aclarar los hechos y poner fin a las acusaciones que han marcado la agenda mediática en los últimos días.
El Gobierno chileno hará entrega de los antecedentes recabados a la fecha respecto al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, de manera que sea sumada a las indagatorias que lleva el persecutor de la Corte.
