56 académicos de distintas casas de estudio firmaron la carta redactada por la doctora en Educación, Graciela Rubio, para entregar su respaldo al proyecto que busca crear la asignatura de “Memoria y DD.HH.” en la enseñanza básica y media, iniciativa liderada por la diputada PC, Carmen Hertz.

Este proyecto ya comenzó a ser discutido en la Comisión de Derechos Humanos desde la semana pasada, proceso que continuará este miércoles.

El documento en cuestión cuenta con el apoyo del premio nacional de Historia, Gabriel Salazar, además de académicos de las universidades de Chile, Alberto Hurtado, de Valparaíso, Católica del Norte, de Concepción y de Los Lagos.

Según recoge La Tercera, el texto señala que la iniciativa permite abrir “una discusión relevante sobre el establecimiento de los derechos humanos como un estándar ético de la democracia“, así como también relevar la necesidad de formar ciudadanías responsables ante la historia, la defensa y promoción de los DD.HH. en nuestro país y en el mundo”.

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En la misiva se remarca la necesidad de los académicos de mostrar su respaldo en virtud de la “respuesta inicial” del Gobierno, que ha manifestado una postura desfavorable a este proyecto.

En octubre pasado, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que crear una asignatura sobre DD.HH. es innecesario: “Eso es parte ya de los currículums y mallas que establece el Ministerio de Educación y no es necesario establecerlo a través de una ley, porque se puede establecer a través de la confección de los currículums y las mallas que hace el Mineduc.

Asimismo, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa argumentó que “cualquier proyecto que busque agregar nuevas asignaturas, lo que hace es distorsionar la formación del currículum e, incluso, puede ser contraproducente, en cuanto da una señal equivocada de que ciertos aspectos importantes para la vida nacional no están bien tratados”, en conversación con La Tercera.

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En detalle, la carta expone que desde la llegada de la democracia, el Estado ha asumido una responsabilidad con respecto a las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura, lo que ha significado impulsar “procesos de establecimiento de la verdad histórica” -como los Informes Rettig y Valech- y “de reparación y de justicia (incompleta) (sic) para las víctimas”.

Se agrega que esta responsabilidad también requiere de “educar a las nuevas generaciones para evitar la repetición de los hechos”.

En este punto, el documento destaca que desde 1996 se han incorporado los DD.HH. en los currículums escolares, aunque con un “enfoque universalista”. A la vez, señala que la enseñanza de la historia de Chile del periodo 1965-1990 “prioriza una aproximación general a los derechos humanos que no permite su uso como una referencia ética” y “describe, en una apretada lista de acontecimientos, la dictadura militar, la violación de DD.HH. como acontecimiento histórico y su resistencia, las transformaciones económicas e institucionales, el plebiscito y el retorno a la democracia en 1990, limitando las instancias necesarias de reflexión”.

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