El abogado Raúl Meza, representante de gran parte de los militares condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, anunció que el mediodía de este martes llegará hasta la Fiscalía Centro Norte para presentar una querella contra la banda punk Fiskales Ad-Hok debido a las polémicas ilustraciones que exhibieron durante su presentación en el festival Lollapalooza, el fin de semana pasado.

A través de un comunicado, el presidente de la agrupación Fuerza Nacional explicó que la acción judicial apunta específicamente a “las imágenes exhibidas de la Sra Lucia Hiriart y del Gral. Augusto Pinochet y otros políticos de la derecha chilena durante el concierto de Lullapaloza (sic)”.

Dentro de las figuras exhibidas que aparecen en el video se puede ver a Patricia Maldonado, Jaime Guzmán, Augusto Pinochet, Lucía Hiriart, Sebastián Piñera, Andrés Chadwick y el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, tal como se puede apreciar en el registro compartido por su creador.

La querella se presentará por el delito de amenazas “en contra de los que resulten responsables en la calidad de autores, cómplices y encubridores de la exhibición de la imagen de la Ex Primera Dama de la Nación Sra Lucia Hiriart de Pinochet traspasada por un espada”.

“A nuestro juicio podrían configurar una conducta delictiva consistente en amenazar a otro, esto es, la advertencia que se hace a través de las imágenes que puede ser valorada como expresión de una agresión futura sobre la integridad física o la vida de la víctima de la amenaza“, señaló el abogado.

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“Nos parece jurídica y penalmente inadmisible que en un Estado de Derecho se permita que un grupo musical haga una pública apología de la violencia y el odio en nuestro país con la más absoluta impunidad, instrumentalizando políticamente la música para fomentar la intolerancia ideológica y la lucha y el enfrentamiento contra aquellos que piensan distinto a ellos”, agregó.

En el texto, Meza además manifestó que espera que el Ministerio Público designe un fiscal especial para que investigue los hechos, y que espera que el gobierno de Sebastián Piñera se haga parte de las acciones legales como “una señal muy potente al país que no va a aceptar la impunidad frente a la apología de la violencia política de los sectores de la extrema izquierda”.

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