Una de las particularidades del proceso constitucional chileno han sido los espacios de participación que se han abierto a la ciudadanía, los que permitieron la participación de grupos tradicionalmente marginados, entre ellos, las comunidades rurales. Una revisión de las iniciativas populares de norma levantadas por personas y organizaciones permite identificar las principales necesidades y demandas de estos territorios.
En primer término, se evidencian desafíos relacionados a la seguridad y soberanía alimentaria relevando la importancia de la producción y comercialización a pequeña a escala, de nivel local y con respeto por la naturaleza.
En estas se incluyen percepciones sobre el modelo de desarrollo y el cambio climático, promoviendo la superación de la matriz extractivista, las formas de producción solidarias y el cuidado del medio ambiente.
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Uno de los temas más mencionados en las iniciativas propuestas tiene que ver con el acceso al agua, específicamente su definición como derecho fundamental, bien público y su cuidado como un elemento fundamental del ecosistema.
Se evidencian también propuestas que promueven la descentralización, principalmente del rol y competencias de los gobiernos regionales y locales, y la disminución de brechas de bienestar en los sectores rurales, por ejemplo, acceso a internet y mejoras en el transporte. Estas brechas se perciben como un trato desigual y discriminatorio para los sectores rurales.
En esta línea, surge también el desafío de mejorar los mecanismos de participación para estos territorios. El proceso de participación popular del debate constitucional es un primer paso para avanzar en ir generando una cultura de la participación y estándares adecuados para que esta sea posible en la diversidad de contexto de las ciudadanías en Chile, con especial atención en las ciudadanías rurales, donde el ejercicio de este derecho es tan exigido y muchas veces poco practicado.
Se constata también que cuando las iniciativas fueron presentadas por organizaciones en forma articulada y colaborativa tuvieron mas éxito en conseguir las firmas requeridas, un ejemplo de ello es la iniciativa de seguridad y soberanía alimentaria presentada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas (ANAMURI) que fue la única en obtener las 15.000 firmas.
Si bien las iniciativas de otras asociaciones y agrupaciones no alcanzaron el número de firmas necesarias es importante destacar que tuvieron más adhesión que las presentadas en forma individual.
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Algunas de las organizaciones que presentaron iniciativas fueron: Grupo Transdisciplinario para la obesidad de poblaciones (GTOP); Nutricionistas por la soberanía alimentaria; Corporación Observatorio Del Mercado Alimentario (CODEMA); Asociación Gremial Agrícola Central; Sociedad Nacional de Agricultura FG; Escuela de Activismo Agroecológico Reberde y Colectivo Ecológico en Acción y el Consejo Nacional Por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile Asociación Gremial (CONDEPP A.G).
Sin embargo, muchas de las propuestas relacionadas a la ruralidad que impulsaban las organizaciones mencionadas han quedado en el borrador de la nueva Constitución.
Entre ellas podemos destacar: el derecho humano al agua y al saneamiento; el reconocimiento por parte del Estado de la ruralidad como una expresión territorial; el fomento del Estado de los mercados locales, ferias libres y circuitos cortos de comercialización; el reconocimiento y apoyo del Estado a la agricultura campesina e indígena; el derecho a una alimentación suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada; el deber del Estado de asegurar la soberanía y seguridad alimentaria y; el derecho de campesinas, campesinos y pueblos originarios al libre uso e intercambio de semillas tradicionales; el Estado tomará las medidas necesarias para prevenir la violencia y superar las desigualdades que afrontan mujeres y niñas rurales, promoviendo la implementación de políticas públicas para garantizar su acceso igualitario a los derechos que esta Constitución consagra.
Por medio del diálogo y el trabajo articulado entre distintos actores, existe la posibilidad de fortalecer las capacidades del Estado y de los distintos niveles de gobierno para realizar políticas que mejoren la calidad de vida de los sectores rurales, permitiendo la distribución del poder y la capacidad de agencia de la ciudadanía, resguardando el patrimonio biocultural y garantizando derechos sociales con una concepción de bienestar más amplia y diversa.
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