Con todos sus errores y defectos, la Convención Constitucional ha sido una brisa de aire fresco para muchas quienes nos interesa la política. Nos ha dado tanto la posibilidad de recuperar la confianza en las instituciones democráticas como una oportunidad para desconcentrar el poder político-económico, además de dar respuesta a los cambios sociales que tan urgentemente necesitamos como nación.
Más allá del entusiasmo y apoyo que el proceso sigue teniendo -al menos de mi parte-, hay algunos puntos discutidos esta última semana que son preocupantes y que, de llevarse a cabo, le jugarían en contra a la democracia con visión de futuro a la que aspiramos para Chile.
Una muestra tangible es la aprobación general de la norma sobre Nacionalización y Nueva Gestión Social y Ambiental de la Minería del Cobre, Litio y otros Bienes Estratégicos para el Buen Vivir. Esta norma, aprobada por la Comisión de Medio Ambiente de la Convención en 6 de sus 9 artículos, incluye la expropiación y nacionalización de toda la actividad minera de mediana a gran escala del país.
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Esta polémica iniciativa generó fuertes críticas desde dentro y fuera del órgano constituyente, intensificadas luego de la entrevista que Ivanna Olivares, convencional de la ex Lista del Pueblo y principal impulsora de la norma, concedió a Agenda Económica en CNN Chile. En ese espacio, Olivares aseguró que la nacionalización del cobre va a ser progresiva y luego explícitamente aseveró: “vamos a ir primero por La Escondida que es la minera privada mas grande”.
Desde la posición de alguien que votó Apruebo y luego por el gobierno electo de Gabriel Boric, me parece que esta norma es preocupante en dos áreas, si lo que se busca es un mayor aporte de la minería a las arcas fiscales y, al mismo tiempo, lograr niveles de producción que aprovechen nuestra riqueza mineral de la manera más sustentable posible.
Primero está el costo que va a tener que enfrentar el Estado por expropiar e indemnizar toda la minería privada del país. Por muy pausado que sea este proceso, va a tener una repercusión fuertísima en la capacidad de los futuros gobiernos de asumir y responder a las sentidas demandas sociales que hoy aquejan a nuestro país. Según informes financieros de la CMF de 2021, los activos de las principales empresas privadas de cobre son de casi 66 mil millones de dólares, cerca del doble que el gasto público en Salud, Educación y Previsión Social.
Lo segundo es que, financiera y técnicamente, el Estado no tendrá la capacidad de hacerse cargo de toda la minería del país a través del tiempo y, simultáneamente, innovar para responder a las demandas ambientales y sociales. La razón de esto último es simple: para lograrlo, necesitamos implementación de tecnología e innovación que no tenemos en el país.
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Ante esto, la convencional Olivares responde que “tiene que existirlo si se declara la nacionalización, ya que es inconstitucional si no se hiciera” y, ante la velocidad y costo que se requiere, menciona que “se va a ver como se van a hacer los procesos”.
Esto es una muestra de puro voluntarismo, sin un claro conocimiento de cómo se haría el proceso, qué consecuencias tendría para el país, qué costo tendría para el medio ambiente y qué costos alternativos tendría en la distribución del gasto público. Por lo tanto, no se asegura una transición a una minería más verde para apoyar los desafíos mundiales y locales -que es lo que necesitamos urgentemente- y pierde la mirada de que el futuro del país requiere: la alianza, coordinación y participación del sector privado y público, no un enfrentamiento entre ambos.
Vale la pena también recordar que mantener la actividad minera no es gratis y que requiere inversiones de manera constante.
Para mantener nuestros niveles productivos de cobre se necesitan del orden de 60 mil millones de dólares en los siguientes diez años, de acuerdo a la Cartera de Proyectos COCHILCO 2021. Esto se refleja bastante bien en la crisis de financiamiento de Codelco, la cual requiere cerca de 11 mil millones de dólares en los próximos años para sostenerse y, al mismo tiempo, mantiene una deuda de largo plazo de 18 mil millones de dólares.
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La industria minera requiere reinvertir constantemente para mantener y expandir la producción minera y asumir el riesgo de las actividades tempranas de exploración. Desde un punto de visto técnico, económico y moral, no hace sentido que la capacidad técnica y financiera del Estado se enfoque en concentrar las actividades productivas del país.
Esta claro que necesitamos repensar como se hace minería en nuestro país, pero existen otros frentes más urgentes y con resultados muchísimos más óptimos que la nacionalización de la minería. Por ejemplo, repensar nuestro sistema de concesiones mineras, que como se encuentran actualmente solo dificultan la exploración en el país. Tenemos naciones como ejemplos para seguir y emular, como Canadá o Australia, donde existe una relación más sana y fértil entre la minería y el Estado.
Existe el potencial de que Chile sea un modelo a seguir en términos de minería a través de una minería sostenible, que tenga un impacto mínimo sobre el medio ambiente, que trabaje en conjunto con las comunidades y que sea descentralizada. Pero la nacionalización de la minería dista de ser la forma para llegar a estos objetivos.
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