Soy parte de los miles de chilenos sorprendidos por la Carta “Reflexiones desde una mirada contemplativa acerca de la propuesta de una Nueva Constitución para Chile”, escrita por la comunidad de las Carmelitas Descalzas de San José de Maipo. En la carta valoran el trabajo de la Convención Constitucional y las propuestas específicas en materias de trato con pueblos indígenas y robustez de los derechos sociales. No temen tomar postura al decir: “Si rechazamos la proposición de una nueva Constitución estamos rechazando la posibilidad de dar un paso grande en el devenir de nuestro país.”
Por su parte algunos medios de comunicación, desde otra vereda a las religiosas, en su editorial del fin de semana señalaron sus argumentos para rechazar la nueva carta magna. Si bien ambas son instituciones muy distintas -tanto por sus posturas como por la naturaleza de sus acciones-, dejan atrás la comodidad de la “neutralidad” para asumir pública, reflexiva y responsablemente una postura.
El concepto de responsabilidad ha sido desde hace varios años, una importante preocupación de la mayoría de las organizaciones e instituciones. Desde los Estados y Gobiernos se entiende el concepto como el deber de “rendir cuentas” (accountability) de sus acciones a la ciudadanía y del uso de los recursos; en paralelo, el sector productivo y el mundo empresarial acuñaron el término de responsabilidad corporativa o responsabilidad social empresarial, concepto similar al usado en el ámbito de la educación superior, lugar desde el que se habla de responsabilidad social universitaria.
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En resumen, diferentes actores hablan frecuentemente de responsabilidad, pero desde perspectivas muy distintas. Habitualmente se entiende la responsabilidad como “hacerse cargo de los propios actos”; esta visión supone asumir las consecuencias de lo que haces o dejaste de hacer, quedando circunscrita al tiempo pasado y deviene, en muchas ocasiones, como mera culpa. Otra definición la señala como un “hacerse cargo de los desafíos del presente”, en la que la sociedad demanda a las instituciones respuestas ante problemáticas o necesidades y éstas van respondiendo según su identidad o interés. En una visión prospectiva, el concepto de responsabilidad se abre a las consecuencias futuras de nuestros actos, en la que no sólo debemos hacernos cargo de los mismos o de las demandas de la sociedad, sino también de prolongar la vida en la tierra después de nosotros (Jonas,1995). Por último, la filósofa Cristina de la Cruz va más allá al hacer hincapié en la dimensión política de la responsabilidad, entendiéndola como el compromiso institucional con la justicia social, es decir, sitúa a las organizaciones desde una necesaria vocación transformadora de aquellas estructuras que generan injusticias.
Consecuentemente hablar de responsabilidad -especialmente de responsabilidad social- exige por su propia definición, tomar postura y hacerse cargo. Frente a las demandas y necesidades sociales, es vergonzosa la neutralidad personal o institucional. Las indefiniciones relevantes no son una acción virtuosa, sino que muchas veces representan una actitud oportunista, temerosa de argumentar reflexivamente, incapaz de generar el necesario diálogo social, y así perpetuar la injusticia y poner en riesgo la democracia.
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