Estamos a dos semanas del plebiscito constitucional, en el cual la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución emanada de la Convención Constitucional, pero esta vez más allá de elegir entre una u otra opción, nos estamos jugando el futuro del país, y por eso debemos elegir muy bien donde marcamos la raya.
Lamentablemente, desde la instalación de la Convención Constitucional partió mal el proceso. Cómo olvidar cuando los convencionales se negaron a cantar el himno nacional y todos los “shows” que montaron al interior del hemiciclo, que finalmente terminaron en una propuesta constitucional verdaderamente indecente, y que en vez de unirnos como país genera más divisiones.
Un claro ejemplo, de esto son los sistemas de justicia indígena, que por cierto, el texto no define los alcances de éstos ni tampoco cómo van a convivir con el sistema de justicia chileno, o sea partiendo por ahí ya se genera una desigualdad ante la ley y una división entre ciudadanos de un mismo país.
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Mucho se habla de libertad, “libertad de enseñanza”, “libertad de emprender”, sin embargo, en la misma propuesta se establecen una serie de limitaciones, o sea, libertad con letra chica o siempre y cuando el Estado así lo determine.
Por ejemplo, no se garantiza el derecho para abrir establecimientos educativos distintos para las necesidades o intereses de cada familia, y tendrá que ser siempre bajo los lineamientos y parámetros de la interculturalidad y el enfoque de género. Otro caso es con las Pequeñas y Medianas Empresas, quienes quedan en una desprotección frente al Estado y se le imponen una serie de obligaciones que los dejan en desmedro ante las grandes empresas y del mercado.
En materia de seguridad, que es un tema que preocupa ampliamente a los chilenos, ya que tenemos una crisis delictual en todo el país, y a diversas agrupaciones criminales actuando en territorio nacional, con la nueva Constitución este panorama se agravaría aún más, porque ni siquiera se incluye la herramienta del Estado de excepción o algún otro mecanismo que permita el despliegue de las Fuerzas Armadas para controlar los hechos de violencia, como lo que ocurre en la Macrozona Sur.
Además, la propuesta debilita a instituciones como Carabineros de Chile y a todas las FF.AA, quienes hoy día no tienen ninguna certidumbre de su futuro en caso de que se apruebe el texto.
En la misma línea, se realizan una serie de cambios al sistema carcelario, donde ni siquiera se va a poder aislar a los delincuentes que están cumpliendo condena dentro de las cárceles, además, no se les va a poder incomunicar, esto quiere decir que van a poder seguir utilizando celulares o otros elementos que los mantengan en comunicación con el exterior, dando paso a que puedan seguir delinquiendo desde la cárcel y lo más grave es que se les da el derecho constitucional a mantener contacto con sus “redes de apoyo”.
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También se consagra el derecho a migrar y no se establecen las reglas para prohibir el ingreso de migrantes que cometan delitos o tengan un amplio prontuario policial, ya que pueden alegar una serie de derechos para que no se les prohíba el ingreso. Si vamos más allá, incluso van a poder ser candidatos a cargos de representación popular personas que hayan sido condenadas a penas aflictivas, porque se elimina ese requisito, entonces perfectamente un narcotraficante o un homicida va a poder ser candidato y hasta ser electo.
Y así, la lista es larga y podría seguir eternamente enumerando todos los desatinos de la nueva Constitución, pero me interesa transmitir que el Rechazo no se trata esta vez ni de izquierdas ni de derechas, se trata de la unidad de Chile, por eso hay personas de todos los sectores políticos apoyando esta opción, porque entendemos que esta es una mala propuesta para el país y no es lo que los chilenos se merecen.
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