(EFE) – La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy las “devastadoras consecuencias” que ha causado en la población birmana el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, con 1.900 muertes y un millón de desplazados.
Otros 14 millones de personas necesitan urgentemente ayuda humanitaria, mientras “el pueblo birmano permanece atrapado en un círculo vicioso de pobreza, desplazamiento, violaciones de derechos humanos y abusos“, señaló Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Las tácticas que la Junta Militar utiliza contra la población civil, que incluyen destrucciones completas de pueblos, podrían constituir crímenes de guerra y contra la humanidad, señaló la alta comisionada, que dejará su puesto el 31 de agosto.
“Residentes locales son detenidos, y en algunos casos han desaparecido o han sido usados como escudos humanos“, aseguró Bachelet, quien señaló que una de las tácticas más utilizadas por el ejército es el incendio provocado de aldeas, edificios residenciales, escuelas y templos.
“Algunas estimaciones indican que hasta 11 mil lugares han sido incendiados desde el golpe del pasado año“, destacó la ex presidenta, quien también manifestó su preocupación por las denuncias de que el Tatmadaw (ejército birmano) está intentando militarizar poblaciones enteras así como la fuerza policial.
Asimismo, Bachelet lamentó que continúen los cortes de internet en grandes áreas del país, así como el acoso y persecución de periodistas o personas que tratan de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en todo el territorio nacional.
Desde el golpe de febrero de 2021, más de 13.500 personas, incluyendo políticos, periodistas, abogados y líderes de la sociedad civil, han sido detenidas por su oposición a la Junta Militar, y más de 10.000 de ellas siguen bajo custodia, indicó la alta comisionada.
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Bachelet concluyó su informe actualizado sobre la situación de Birmania exhortando a la comunidad internacional, incluyendo los miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), a “intensificar su presión” contra el régimen militar birmano.
Esta presión “podría incluir sanciones contra intereses financieros en manos de los militares, así como limitar su acceso a divisas para reducir su capacidad para adquirir equipamiento militar”, afirmó.
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