Abogado de Galvarino Apablaza asegura que exfrentista sigue en Argentina y reitera que “no es un prófugo”

El abogado defensor de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, aseguró que su representado no abandonó Argentina tras su fallida detención para extraditarlo a Chile, en el marco de la investigación que lo vincula como autor intelectual del homicidio del senador Jaime Guzmán.

Yanzón señaló a 24 Horas que ha evitado contactar a Apablaza, ya que acusó que su celular “está siendo intervenido de modo ilegal”.

“No, no quiero hablar con él porque hay una orden de detención que es ilegal y que estamos cuestionando, y estoy seguro de que mi teléfono está siendo intervenido de modo ilegal por el Ministerio de Seguridad. Por lo tanto, no quiero tener ninguna conversación, por lo menos en estas horas”, explicó.

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Asimismo, afirmó que el exfrentista sigue en Argentina y que “no es un prófugo” de la justicia.

“Él no es un prófugo, está haciendo valer sus derechos a través de sus abogados y está esperando que se defina la situación, primero respecto del refugio que sigue vigente y, segundo, con la orden de detención que libró una jueza que desconoce el caso y ha pedido expresamente el Ministerio de Seguridad argentino”, sostuvo.

Insistió en que el sospechoso de ser el autor intelectual del crimen contra el fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) ha colaborado continuamente con la justicia: “Él, obviamente, está dispuesto y ya lo ha demostrado; se ha presentado ante el juez Ariel Lijo días atrás y lo volverá a hacer cuando se levante esa orden de detención, que jamás debió haber sido firmada”.

Además, reiteró que presentarán una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para frenar el proceso de extradición.

“Estamos alertando a Naciones Unidas de que una persona que está bajo la protección de la Convención de Refugiados corre riesgo (…). Hemos pedido una medida cautelar a Naciones Unidas para que le indique a Argentina que no adopte ninguna decisión respecto de Apablaza mientras no se analice la existencia de riesgo que puede correr su integridad física o sus derechos esenciales, incluso los judiciales, en caso de ser enviado a Chile”, explicó.