Revelan que ministro Rabat aprobó rebajas de condena a agresores sexuales de menores pese a advertencias de la Seremi del Biobío

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, habría firmado en julio dos decretos de rebaja de condena pese a que la Seremi de Justicia del Biobío había advertido que los beneficiarios podían estar sujetos a una prohibición legal para acceder a esa medida, debido a sus delitos sexuales contra menores de edad.

Según reveló este domingo Interferencia, las advertencias fueron enviadas al ministerio el 24 y 26 de junio. Sin embargo, la cartera descartó los posibles impedimentos y posteriormente aprobó ambas solicitudes.

En particular, la Seremi había alertado sobre la aplicación de una modificación legal de febrero de 2022, que excluye del beneficio de rebaja de condena a quienes cometieron determinados delitos sexuales contra menores.

Pese a ello, el ministerio argumentó que, según la mayoría de los fallos de la Corte Suprema, dicha prohibición no podía aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de su entrada en vigencia. Por esta razón, sostuvo que estaba “jurídicamente impedida de rechazar” las solicitudes.

Los decretos 2075 y 2126, firmados por Rabat, concedieron rebajas de seis y 30 meses, respectivamente. En el primer caso, se estableció que la pena había terminado en febrero de 2026, mientras que en el segundo se fijó su término en mayo de 2025.

Las decisiones contrastan con la defensa que el secretario de Estado presentó este miércoles ante la Cámara de Diputadas y Diputados, donde aseguró que su cartera no determina las rebajas, sino que únicamente formaliza las decisiones adoptadas por las comisiones evaluadoras.

La investigación también identificó otras situaciones similares. Entre marzo y septiembre de 2026, Justicia aprobó 11 rebajas pese a advertencias de sus oficinas regionales sobre posibles impedimentos legales. En sentido contrario, rechazó otras 22 solicitudes que las seremis habían considerado procedentes.

La controversia ocurre mientras Rabat enfrenta una acusación constitucional anunciada por la oposición, además de una denuncia presentada ante la Fiscalía por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), tras la cual la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por eventual prevaricación.