Así es como avanza la discusión de la minería en la Convención Constitucional

Desde antes del inicio de la redacción de una nueva Carta Magna, una de las conversaciones, disputas, y alegatos de la población y el mundo político estaba relacionado con la nacionalización del sector minero. Uno que tras la victoria del apruebo los debates en torno a ello aumentaron.

Pese a que esto representa una preocupación para las industrias, ahora el foco de atención cambió hacia concesiones mineras, puesto que la Comisión de Medio Ambiente despachó una iniciativa que tendrá que ser aprobada en el pleno.

Se trata de la propuesta Dominio Público Minero -impulsada por Frente Amplio y el Colectivo Socialistas- la cual busca cambiar el régimen en la aprobación de concesiones de una forma sumamente drástica.

Lee también: Nuevos desafíos: La recuperación de aguas de relaves

“Todavía hay muchos trámites, ir al pleno, volver a Comisión y lo que uno cuenta todavía es tentativo, está aprobado sin perjuicio de que puedan haber muchas normas que se incluyan. Pero lo más central y lo más importante en esta etapa es el cambio de una situación a un sistema -cambio que yo no comparto- de un sistema de derechos a un sistema de permisos”, explicó Rodrigo Álvarez, Convencional de la UDI.

¿En qué consiste?

La iniciativa contempla el desarrollo de autorizaciones mientras que serán otorgadas de forma temporal mediante un proceso transparente e informado a la población. Asimismo, no otorgará propiedad a las mineras.

Lee también: Compromisos para la minería verde en Chile

Es aquel punto que para los expertos representa un peligro para la industria. “Si se llega a aprobar como está, significa que tenemos que modificar todo lo relacionado con leyes y reglamentos que hoy día aplican a la minería, desde el código de minería, la ley orgánica de concesiones minera, deben ser modificadas y eso es un trabajo enorme”, explicó Juanita Galaz, directora ejecutiva Consultora Lima.

Para el abogado experto en minería, Daniel Weinsten, esto precaria los derechos de los privados y -en general- debilita el rol del régimen consensual actual, “que son concesiones que los otorgan el poder judicial y sobre las cuales se tiene propiedad, se pasará a uno que se otorguen concesiones administrativas. Siendo la minería una actividad que requiere de cuantiosas inversiones y un largo tiempo para recuperarlas, la incertidumbre es el ingrediente perfecto para ahuyentar la inversión”.