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“No es antipobre” y “es una vacuna antiestallido 2”: Moreno (REP) y Castro (PS) discrepan por Registro de Vándalos anunciado por el presidente Kast

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El senador del Partido Socialista (PS), Juan Luis Castro, y el diputado jefe de bancada del Partido Republicano (REP), Benjamín Moreno, abordaron en Tolerancia Cero el Registro Nacional de Vándalos que el presidente José Antonio Kast anunció en su Cuenta Pública 2026.

El mandatario informó que el proyecto de ley busca que aquellos que cometen delitos o incivilidades no puedan acceder a beneficios sociales. Sin embargo, se ha generado un debate al analizarse la efectividad de la sanción según el origen socioeconómico del infractor.

Al ser consultado respecto a qué derecho social universal podría perder un ciudadano de clase alta, recordando el caso de los jóvenes que destruyeron un grifo en Vitacura, Moreno aseguró que la iniciativa “no es un registro ni clasista ni antipobre”.

No obstante, no descartó que pueda existir un caso como el planteado: “Entiendo que usted pueda toparse con un caso en el que esa persona, a lo mejor, la penalidad que se le propone acá, quizás no le surta efecto. Y no tengo ningún problema en buscar otro tipo de penalidad más gravosa para eso”.

Desde la oposición, la mirada a la iniciativa es más crítica. El senador socialista calificó como una “vacuna antiestallido social 2” el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo.

“Aparece esta ley antivándalo con un registro que nadie entiende qué se va a conceptualizar como faltas al orden público, qué tipo de penalidades, qué derechos sociales. Aquí se está haciendo una especie de vacuna preventiva, porque si el día de mañana hay una revuelta social, si surge algo parecido, se está colocando un preventivo para evitar que en ese tipo de circunstancias, las manifestaciones o disturbios, lleven justamente a una penalización”, precisó Castro.

En ese sentido, afirmó que esta ley “toca solo a los sectores más populares”: “Si a mí me dicen ‘nosotros vamos a hacer otro catálogo’, que nadie conoce cuáles son esas faltas, y va a quitarle el acceso a la salud, a la Pensión Garantiza Universal (PGU), a una pensión, a alguien que se le sorprende en esas condiciones, ¿a quién toca esto? Toca solo a los sectores más populares. O ¿alguien va a poner en ese catálogo la evasión de impuestos, los paraísos fiscales, en otra parte? No“.

Moreno defendió la iniciativa ante los planteamientos: “Es del todo proporcional que tú tengas un registro que trae asociado un daño donde tú lo que buscas no es una persecución penal muchas veces, porque tienen los tribunales absolutamente saturados; tú estás buscando una forma efectiva de corrección de conducta“.

Agregó que no “le vamos a poner 5, 7, 8, 10 años de cárcel a esto, porque tú sabes que en la práctica eso al final puede ser que no te funcione, porque entre perseguir a una persona que asesinó o perseguir a una persona que destruyó un paradero, ¿qué va a hacer la justicia? ¿Va a priorizar la persecución?”.

Volvió a reiterar que la idea de la iniciativa es que “tú tienes una serie de incivilidades que tienes que buscar cómo entregas o multas o distintos tipos de penas que a ti te van a permitir en la práctica ayudar a corregir esa conducta indeseada”.

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