Por Mónica Rincón
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“El proyecto de ley de inclusión escolar no innova en lo absoluto respecto de la comunidad de niños con necesidades educativas especiales”. El 2014 así dijo el entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, explicó que era un tema mucho más complejo y una deuda.

Y todo un Parlamento aprobó una nueva legislación que mejoró el acceso desde el punto de vista de no discriminar por recursos económicos. Bien, muy bien. Pero esa no es verdadera inclusión: dejaron fuera a miles de niños en situación de discapacidad.

Incomprensible. Porque no se trataba sólo de abordar la situación de las Escuelas Especiales o de mejorar los Programas de Inclusión Escolar, como se planteó. Pensar de veras en inclusión, implica abrir las salas a aquellos niños cuyas familias quieren enviarlos a establecimientos integrados, junto a los otros niños.

Pero son tan invisibles, que nuestras autoridades de todos los signos políticos tuvieron el valor de celebrar una ley que los dejaba a ellos como un “problema aparte muy complejo de abordar”.

Lo peor es que esto no cambia. Estamos a 2019 y cuando discuten sobre inclusión se insiste sólo en la variable socioeconómica.

Indigna que sigan legislando sin considerar a buena parte de los menores. Que es caro, no es tan cierto, pero si lo fuera, ¿qué? ¿Que por caro no íbamos a rescatar a los mineros? Que es muy complejo, ¿y? ¿No fueron elegidos para afrontar desafíos que se escogen por su justicia y no por su simpleza?

Y si vamos a hablar de mérito. No puede haber nada más meritorio que sobreponerse a una mayor dificultad física o intelectual y estudiar. Tener discapacidad y terminar el colegio en Chile es un verdadero Everest.

Tomemos en serio la inclusión. Legislen para que todo estudiante con discapacidad tenga prioridad 1 para elegir colegio. Prohíban las vergonzosas cuotas de inclusión que cobran colegios privados a estas familias. Así como está, esta ley no merece llamarse, ni con reformas, de Inclusión. Porque o es para todos o no es inclusión.

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