El jueves en CNN Chile, el subsecretario de Redes Asistenciales, ante la pregunta de por qué no usaban las camas críticas disponibles en Clínica Las Condes, aseguró de que a pesar de que había un fallo judicial que había impedido a CLC a hacer convenios con el Estado, dado que estábamos en alerta sanitaria y por Ley de Urgencia, sí habían derivado pacientes a ese recinto.
Al día siguiente, el director médico de CLC lo desmintió. Sostuvo que no habían recibido pacientes por Ley de Urgencia, todo esto en el contexto de la crisis pediátrica.
La ministra de Salud, hoy en Canal 13, admitió que en el caso de la lactante de dos meses, Mía, que murió en San Antonio, no habían llamado a CLC. Fuentes de ese establecimiento confirman que sí había camas disponibles el día en que Mía la necesitaba.
Reporteando con médicos de establecimientos públicos y privados de UTIS pediátricas, confirman que aparte de Mía, a lo menos cuatro guaguas más han fallecido en esta emergencia. Dos en Quilpué, una en Coquimbo y una en Temuco.
Si murieron por falta de atención necesaria, eso lo debe determinar por supuesto una investigación. Pero sí puede afirmarse que idealmente debían estar en una cama UTI y ahí no estaban.
La encargada de comunicaciones de Clínica Las Condes ratifica que tampoco en esos casos hubo petición de cupo desde el Estado. Eso revela a lo menos un problema de gestión y también de comunicación hacia la comunidad y entre ministra y subsecretario.
¿Es un impedimento que haya un fallo judicial de la justicia laboral que sanciona a CLC impidiendo convenios con el Estado? Según explican intensivistas, no porque existe la Ley de Urgencia, porque estamos en alerta sanitaria y además porque se puede hacer un traslado desde, por ejemplo, como ya se hizo, Clínica Las Condes recibió ayer desde el Hospital Regional de Rancagua a una menor.
La pregunta ahora es quién asume la responsabilidad de lo ocurrido.
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