Manuela Royo: “El agua no puede ser concebida como un objeto de apropiación particular susceptible de ser negocio”

16 convencionales presentaron una propuesta de norma que busca garantizar el derecho al agua y a saneamiento dentro de la nueva Constitución. La propuesta fue respaldada por más de 40 constituyentes, incluidos la mesa directiva compuesta por Elisa Loncón y Jaime Bassa.

“Esta iniciativa lo que busca es consagrar el derecho humano al agua y al saneamiento en base a los estándares internacionales establecidos por las Naciones Unidas, señalando que el derecho humano al agua es la garantía mínima para una vida digna”, detalló la convencional Manuela Royo.

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En conversación con CNN Chile, Royo calificó como “muy relevante” esta iniciativa, especialmente dado el contexto de escasez hídrica que vive el país. “Es necesario (…) que ya avancemos en iniciativas concretas para resolver las problemáticas que la ciudadanía tiene”.

Hoy presentamos la norma que garantiza el Derecho Humano al agua y su Saneamiento en la nueva Constitución.

Esta iniciativa corresponde a un piso mínimo respecto a lo que indican estándares internacionales. ¡Se las comparto! 👇🏼 #ConstituyentesPorElAgua #DerechoHumanoAlAgua pic.twitter.com/WqTLPD4jzp

— Manuela Royo Letelier | Vocera nacional @modatima_ (@RoyoManuela) December 9, 2021

En la actual Constitución, el único artículo que se refiere al agua es el 19, donde se establece que “existe el derecho de propiedad respecto al agua”. “El agua no puede ser concebida como un objeto de apropiación particular susceptible de ser negocio, sino que debe ser concebida como un derecho humano”, dijo Royo.

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“Eso es un piso mínimo. Luego de eso tenemos que ver qué es lo que va pasando con un modelo integrado de gestión del agua respecto a las cuales también las comunidades pueden participar, proteger a las aguas potables rurales (APR) y también garantizar que esto tenga un sustento ecológico”, agregó.

Finalmente, la convencional enfatizó que es “muy importante asegurar este derecho”. Sin embargo, el Estado también “debe garantizarlo y deben existir modelos de gestión que sean efectivos y eficientes, pero que también integren a las comunidades y permitan el equilibrio ecológico”.