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El presidente de la Democracia Cristiana (DC) Fuad Chahín comentó la propuesta avalada por el Consejo Asesor COVID-19 sobre postergar las elecciones municipales y constituyentes de abril por la crisis sanitaria.

Me acaba de llamar el ministro de Salud, Enrique Paris, para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión ahora la tiene que tomar el presidente de la República. Y yo, sinceramente, me fui en la dura”, comentó Chahín a través de un audio difundido por WhatsApp.

Posteriormente, aseguró que “a mi juicio, lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente”.

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En conversación con CNN Chile, el diputado Sebastián Torrealba (RN) repudió los dichos del timonel de la DC, calificándolos como “una actitud canalla”.

“No es aceptable que algunos presidentes de partidos políticos, como el presidente de la DC, con una actitud canalla haya esbozado una acusación constitucional contra el presidente de la República por querer ‘sabotear el proceso constituyente’ y la verdad es que eso no es entender nada”, señaló.

En ese sentido, manifestó que “lo que tenemos que hacer es un acuerdo entre todos los sectores políticos, basándonos en la evidencia científica y sanitaria. Aquí nadie quiere sabotear nada ni mantenerse en el gobierno por mucho tiempo más“.

Llamado del presidente a Chile Vamos

Durante la tarde de este domingo, el presidente Sebastián Piñera se contactó con los timoneles de Chile Vamos para comunicarles su decisión de postergar las elecciones pactadas para abril.

Según detalló La Tercera, las fechas tentativas que maneja el Ejecutivo sería para el 8 y 9 de mayo, o para el fin de semana siguiente del 15 y 16 del mismo mes.

Al respecto, Torrealba indicó que “a título personal, cambiar las elecciones tiene unos efectos jurídicos que son poco medibles, que no sé si alguien los ha tenido en cuenta, y por lo tanto eso efectivamente va a afectar el calendario electoral de todo el año, que es bastante contundente”.

Además, afirmó que la decisión debe ser tomada por todos los partidos políticos “para poner siempre primero la seguridad de las personas, antes de la seguridad de los partidos políticos”.

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