Dos episodios, dos reacciones del Ejército y muchas preguntas en el aire sobre los dos temas que siguen complicando a las filas castrenses: la corrupción y los derechos humanos.
Hoy, el segundo hombre de Ejército pasó a retiro tras ser procesado por delitos reiterados de fraude al fisco. A John Griffiths se le imputa haber recibido reembolsos por más de 44 millones de pesos, con estrategias como hacer pagar un sobreprecio en pasajes aéreos al Ejército y quedarse con la diferencia, o extender facturas a su empresa personal para gastos que se hacían con plata fiscal.
Pese a ello, hoy el Ejército ha destacado a Griffiths por “su sobresaliente carrera” y le ha “agradecido su vocación y entrega”. Una cosa es la presunción de inocencia, de la que él por supuesto disfruta, otra muy distinta es involucrar a la institución en alabanzas hacia alguien sobre quien pesa la acusación de haber defraudado al propio Ejército, y por lo tanto, a todos los chilenos.
Cosa parecida ocurrió con el caso Krassnoff, en que el Ejército se apresuró a asegurar que había sido una simple competencia deportiva, que no había existido un homenaje al criminal recluido en Punta Peuco y que el discurso de su hijo había estado fuera del espíritu del evento.
Los hechos demostraron otra cosa. A Krassnoff se le invitó, se leyó su carta de agradecimiento y hasta hubo poleras alusivas. Todo ello, ante la presencia, impertérrito, del director de la Escuela Militar, Germán Villarroel, sin que hubiera reacción ni sanción alguna por una semana, hasta que estalló públicamente el escándalo.
El pase a retiro de Griffiths, Krassnoff hijo y Villarroel es, sin duda, la medida correcta. Pero lo que se esperaría es que el Ejército tome el peso por iniciativa propia a la gravedad de estos casos, casos de corrupción y complicidad con criminales, y no deba esperar ser presionado por la justicia o por el gobierno para admitir los hechos y tomar las medidas.
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