Como una avalancha, a esa velocidad crecen los alcances del Caso Hermosilla. Las beligerantes declaraciones de Juan Pablo, hermano y defensor, ponen por tercera vez en pocos meses en la agenda los peligros de mezclar las relaciones familiares con funciones expuestas al escrutinio público.
Son de naturaleza distinta, pero los casos Macaya, Isabel Amor y Hermosilla tienen eso en común.
Lo del poderoso abogado caído en desgracia suma y suma aristas. Se abrió una causa penal para establecer si el exfiscal Manuel Guerra influyó, además de, a la impunidad en el Caso Penta, para favorecer el cambio de prisión preventiva por arresto domiciliario del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, mientras cunde la pregunta de si la Fiscalía debe dar acceso total a los querellantes al contenido del teléfono de Luis Hermosilla.
Juan Pablo, el hermano defensor, partió el día de ayer advirtiendo que fiscales y ministros podrían aparecer en los chats pidiendo favores, y cerró la jornada en un extenso punto de prensa en que acusó al Gobierno y al presidente Boric de matonaje por golpear en el suelo al caído.
Defender el principio del debido proceso está bien, está perfecto, todos debiéramos hacerlo, pero realizarlo de manera mediática e incluso vociferante es impropio en el contexto de un debido proceso.
Para el Consejo de Defensa del Estado es razonable dudar si la Fiscalía está seleccionando partes de las comunicaciones de Hermosilla y la larga lista de personas vinculadas al poder político, judicial y económico. ‘Queremos acceso a todo, pero sin perjudicar la investigación’, dijo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, anoche acá en CNN Chile.
Veremos qué nuevas hebras entrega esta trama que conmociona por los indicios que arroja sobre tráfico de influencias y corrupción al más alto nivel en nuestro país.
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