El 25 de septiembre comienza la campaña para el plebiscito del 25 de octubre en el cual los chilenos decidirán si Aprueban o Rechazan cambiar la actual Constitución del país.
Ante este escenario, Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente, afirmó que “estamos en una situación de riesgo, sobretodo respecto a la nula regulación que existe del financiamiento para el plebiscito”.
El experto advirtió que “incluir dinero sucio a campañas electorales es una forma de lavado de activos bastante frecuente en otras latitudes”. Por lo mismo, llamó a las autoridades a regular el proceso y evitar el lavado de dinero.
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El director de la ONG explicó que “el lavado de activos es transformar el dinero ilegal y darle una apariencia de legalidad, tratarlo de meter en el mercado formal”.
Aún así, ratificó que gracias a la Ley de Lavado de Activos el Ministerio Público logra obtener escuchas telefónicas y cuando la persona que obtuvo dinero de manera ilegal “lo quiere ingresar al mercado, se le puede empezar a investigar”.
“El gran problema que tiene la persona que comete un delito como narcotráfico, corrupción o delito de trata es que tiene una cantidad de dinero obtenido ilegalmente del que no se pude deshacer y los sistemas de prevención de lavado de activos hacen que estas personas tengan problemas para lavar este dinero u otro tipo de bienes y hacer que su negocio sea más difícil de realizar”, ratificó Precht.
Respecto al lavado de activos, los fallos definitivos condenatorios por el delito de lavado de dinero en 2019 aumentaron un 145% más en comparación con el año anterior, registrándose así la cifra más alta en la historia de Chile. El director ejecutivo de Chile Transparente cree que el alza es producto de “esfuerzos hechos durante los últimos años”.
Asimismo, recalcó que Chile no contaba con “un sistema que lograra perseguir y probar estos delitos para llevarlos a juicios y obtener sentencias condenatorias”, pero gracias a distintas instituciones como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Unidad Anti Lavado del Ministerio Público y la Brigada Anti Corrupción de la Policía de Investigaciones (PDI), hoy se pueden investigar estos delitos.
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