Este martes, la directora de Presupuestos, Cristina Torres, respondió a las críticas sobre el financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) impulsado por el Ejecutivo.
Torres criticó la carta de los economistas Andrea Repetto, José de Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel, en la que cuestionaban el financiamiento de la PGU. “Los pensionados no merecen seguir esperando. La solución está a la vuelta de le esquina”, respondió la directora de Presupuestos.
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En su misiva, la autoridad detalló aspectos técnicos del proyecto: “Primero, se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las exenciones tributarias (…) Segundo, 0,1% del PIB viene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones”.
“Tercero, 0,5% del PIB está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público de Presupuesto 2022”, dijo Torres, quien añadió que “para los años siguientes, en el Programa Financiamiento de Mediano Plazo 2023-2016, también en los gastos, se considera cerca del 0,5% del PIB para dicho fin”.
Economistas responden
En una carta publicada este jueves en El Mercurio, los economistas aludidos refutaron los dichos de la directora de Presupuestos. “Agradecemos la respuesta de Cristina Torres, aunque en ella no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de PGU”, señalaron.
En primer lugar, los expertos señalaron que “el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto”. “Estamos disponibles (…) a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda”.
Luego, apuntaron a que la directora de presupuestos no explica “por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones”. “Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad”.
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Finalmente, los economistas se refirieron a los dichos de Torres respecto a las provisiones comprometidas en el Presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. “¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? (…) ¿Qué sucede con el financiamiento más allá de 2026?”, sentenciaron.
“Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente. Pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, como en la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento”, concluyeron.
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