Por Sebastián Aguirre
Agencia Uno

No es frecuente ver al presidente del Banco Central en La Moneda. Menos aún en actos políticos. Sin embargo, este miércoles Mario Marcel fue al Palacio de Gobierno para acompañar al Presidente Piñera y al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, en el anuncio del segundo plan de apoyo económico para enfrentar la crisis que desató el COVID-19.

El mensaje era claro: hay una acción coordinada que incluye al mundo político, a los organismos técnicos —el Banco Central— y al regulador —la Comisión de Mercados Financieros— para enfrentar el frenazo de la economía. Una acción canalizada a través de dos grandes ejes que complementan el primer anuncio del pasado 19 de marzo.

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Trabajadores informales

El Gobierno anunció que levantará un fondo de 2 mil millones de dólares para apoyar a los trabajadores informales. Es decir, a los que generan sus ingresos día a día, en condiciones precarias y que por lo mismo no acceden al seguro de cesantía. No hubo mayores detalles de cómo ni cuándo se entregarán esos fondos. Pero el Gobierno ha dicho que busca ser un fondo flexible, para focalizar al máximo los beneficios en las familias más vulnerables. Una pista: el fondo es 11 veces más grande que los recursos destinados al llamado “bono COVID-19” de 50 mil pesos que se entregará a los sectores más necesitados.

 

Este grupo incorpora a 2,6 millones de grabadores informales, pero no a los independientes que boletean. Habrá otro anuncio en los próximos días para apoyarlos en momentos en que sus ingresos han disminuido drásticamente. Pero la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, adelantó que habrá un análisis previo de sus ingresos para determinar esas ayudas.

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Los bancos en la mira

La otra medida anunciada por el Gobierno fue la creación de líneas de apoyo estatal para que las empresas puedan solicitar créditos en el sistema financiero, principalmente en la banca.

El análisis es simple: sin ventas, las empresas no tienen ingresos. Sin ingresos no pueden solventar sus costos. Y si no acceden a liquidez de emergencia, entonces se acercan a la posibilidad de cierre. Hoy una empresa que busca liquidez tiene que buscarla en el sistema financiero. Básicamente, en los bancos. Y ahí es donde se genera el cuello de botella.

Por eso en la práctica, el Estado actuará como un aval de las pymes o las compañías que necesitan recursos frescos para sobrevivir. Y para eso dispondrá de US$ 3.000 millones que se entregarán como garantía para que una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, pueda solicitar créditos.

 

Así la garantía estatal podría ayudar a disminuir riesgo, porque la banca tendrá un respaldo importante que puede llegar hasta el 80% del monto solicitado cuando la empresa sea más pequeña.

Es decir, ahora la pelota está en la cancha de los bancos que no solo tendrán la misión de facilitar el acceso al crédito, sino además de cobrar tasas de interés que no castiguen a las empresas. Y mientras algunos parlamentarios han solicitado que se fije una tasa máxima que puedan cobrar los bancos que aprovechen estas garantías del Estado, el ministro Ignacio Briones descartó una “fijación de precios”.

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En conversación con CHV Noticias y CNN Chile, dijo que no podía decir cuánto cobraría el sistema financiero, pero aseguró que “tenemos el compromiso de los bancos para fijar tasas inusualmente bajas (…) Que esto no sea un negocio, acá todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Para el ex Presidente de la Asociación de Bancos Jorge Awad, existen las condiciones para que los créditos fluyan hasta los clientes, sin que eso signifique asumir grandes deudas por parte de las pymes.

Mientras que el líder de la Sofofa, Bernardo Larraín, se mostró confiado en el rol que desde ahora jugarán los bancos. En conversación con Agenda Económica aseguró que hay que apelar “a la responsabilidad y compromiso” de los actores financieros.

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