Polémica generó hace algunas semanas la propuesta de parlamentarios de impulsar una ley para que las personas en prisión preventiva no puedan acceder a plataformas digitales.
La denominada Ley Polizzi, se propuso a raíz de los casos de Camila Polizzi y de Cathy Barriga, quienes permanecen actualmente en arresto domiciliario por diversos delitos y decidieron incursionar en plataformas para adultos debido a la imposibilidad de trabajar.
Al respecto, emitió una desafiante declaración al respecto: “Es mi derecho trabajar (…) me parece una pésima señal del Congreso fijar las preocupaciones ahí”, afirmó en el programa Only Fama.
Y fue más allá: “Una persona en prisión preventiva le cuesta al Estado 900 mil pesos mensuales. Yo, en este momento, no le cuesto nada; estoy generando y moviendo la economía”.
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