Entre ellos está el representante del FMI en el país y cuatro funcionarios de la ONU.
El gobierno árabe tomó el hecho como un golpe a los esfuerzos de paz con el grupo fundamentalista.
A diferencia del anuncio de la administración de Boric, en 2019 la ayuda se gestionó a través de la oposición al régimen de Nicolás Maduro.