Cotizar y evaluar los gastos operacionales son dos claves para poder hacer más eficiente el proceso.
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Según su postura, sólo debiera ser visto por el Ministerio de Transportes.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.