La propaganda fue difundida por el régimen de Pyongyang como llamado a la guerra contra EE.UU.
La medida se tomó luego del reporte de disparos en las cercanías del Congreso.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.